Hender Huerta, un exdetective venezolano de 30 años, solicitó asilo en diciembre de 2016, seis meses después de llegar a Estados Unidos junto a su esposa embarazada, su hija y una visa de turista.
Por Mica Rosenberg y Reade Levinson / Reuters
Huerta había sido activista en la oposición al gobierno en su país y, en su solicitud de asilo, dijo que había recibido amenazas de muerte por sus actividades políticas.
Pudo permanecer en libertad mientras solicitaba asilo porque él y su familia habían obtenido visas legales. Pero el 17 de febrero del año pasado fue detenido en una parada de tráfico en Georgia. Declaró que el oficial que lo detuvo le dijo que su licencia de conducir venezolana no era válida en el estado.
Trató de explicar su situación, incluso que tenía un recién nacido en casa, pero la Oficina del Comisario del condado de Gwinnett, que tiene un acuerdo de cumplimiento con el ICE, lo entregó a las autoridades federales.
“Así me dijo el oficial: por políticas de Trump todo aquel que tenga un proceso pendiente va pasar a la detención de migración”, relató Huerta.
Esperó cuatro meses en el centro de detención del condado de Irwin para una audiencia de fianza. En junio pasado, el juez Earl Wilson en Atlanta se negó a liberarlo porque su audiencia de asilo estaba a solo unos días de distancia. Luego, en esa audiencia, le fue negada la solicitud de asilo alegando que no había suministrado pruebas suficientes para comprobar que era perseguido.
La abogada de Huerta, Sarah Owings, dijo que su cliente podría haber reunido los documentos necesarios si no hubiera sido encarcelado.
“No puedo creer que el tribunal haya considerado a este hombre en riesgo de fuga”, dijo Owings, según una grabación de la audiencia.
Owings dijo a Reuters que pensaba que Huerta podría haber tenido argumentos fuertes en la apelación, pero para Huerta la perspectiva de permanecer detenido era insoportable y renunció a su derecho de apelación. El juez ordenó su deportación.
Huerta pensó que Venezuela era demasiado peligroso por lo que se dirigió a México, donde ahora trabaja para una empresa de distribución de alimentos.
“Primero estuve esperanzado a que iba a salir”, dijo Huerta por teléfono desde Hermosillo, México. “Pero mi esposa y mis hijas no tenían para dónde ir y yo no tenía cómo ayudarlas”.
UN GRAN PRECIO
Morena Vasquez no quería conducir esa noche de febrero del año pasado, pero una compañera en su trabajo de limpieza de oficinas cerca de Atlanta necesitaba que le dejaran unas llaves.
“Sabía que era una responsabilidad”, dijo Vasquez.
Conducir siempre fue riesgoso para la mujer de 38 años y madre de seis hijos. Originaria de El Salvador, cruzó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente, y aunque llevaba 23 años viviendo en el estado de Georgia no podía obtener una licencia de manejo bajo la ley estatal.
A los pocos minutos de partir, Vasquez vio las luces de la policía parpadeando en el espejo retrovisor.
Entró en pánico y aceleró. Pero luego lo pensó mejor. Después de todo, dos infracciones de tráfico anteriores le habían costado sólo una multa o una cita en la corte. Frenó el automóvil y se detuvo.
Y con ese gesto, un favor de 15 minutos se convirtió en un enredo de pesadilla con las endurecidas políticas de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump, una experiencia que destrozó la vida que había construido por más de dos décadas para ella y su familia.
La policía local arrestó a Vasquez y la entregó rápidamente a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, su sigla en inglés) de Estados Unidos, quienes la enviaron al centro de detención de la agencia en Ocilla, en el otro extremo de Georgia.
Allí, los funcionarios del ICE decidieron no dejarla en libertad bajo fianza. Tendría que esperar tras las rejas el resultado del proceso de deportación presentado en su contra.
Vasquez tuvo que permanecer durante el año siguiente en el atestado centro de detención. En repetidas ocasiones solicitó una fianza ante un juez de inmigración para poder esperar con su familia que llegara su turno en la corte. Pero siempre le fue negada porque el ICE argumentó que había riesgo de fuga.
Incluso luego de que un juez dictaminó que tenía derecho a estar de forma legal y permanente en Estados Unidos, la mantuvieron encerrada durante cinco meses más, mientras el ICE peleaba contra esta decisión.
Perdió sus dos trabajos: el de enseñar español en una escuela preescolar, y el de limpieza. Perdió la casa de cinco habitaciones que alquilaba. Sus seis hijos, de entre 4 y 17 años al momento de su arresto y todos ciudadanos estadounidenses, tuvieron que mudarse a mitad del año escolar para vivir cerca de su abuelo enfermo en otra ciudad, lejos del centro de detención.
En una de las cartas que los hijos de Vasquez enviaron a la corte de inmigración durante el encarcelamiento de su madre, Kevyn, de nueve años, suplicó: “Por favor, por favor. Quiero que mi madre cuide de mí y de mi hermano pequeño. No quiero que vaya a El Salvador”.
“ANIMALES” Y PERSONAS
El presidente Trump ha señalado a menudo a los pandilleros centroamericanos y otros “animales” criminales como el objetivo principal del endurecimiento en la aplicación de la ley de inmigración.
Pero mientras su administración expande su red de captura bajo una serie de decretos, el ICE ha encerrado a miles de personas como Vasquez, con escaso o ningún historial delictivo, profundas raíces en sus comunidades y poco riesgo de fuga.
En años anteriores, el ICE habría liberado a muchas de estas personas bajo fianza poco después de su arresto, permitiéndoles vivir con sus familias mientras esperaban un proceso legal que podía durar años.
Ahora, el ICE está negando la fianza a muchas de esas personas y presionando para mantenerlos detenidos mientras duran sus procesos, descubrió Reuters gracias a un análisis de los datos del gobierno y decenas de entrevistas con los jueces de inmigración, abogados y funcionarios actuales y anteriores.
“Ha habido un cambio notable desde que la administración se hizo cargo. Hay una mayor reticencia, si no falta de voluntad pura y simple, por parte del ICE para estudiar u otorgar una fianza”, dijo Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos.
Los funcionarios de ICE no respondieron directamente a esa afirmación y la agencia se negó a proporcionar datos completos sobre la cantidad de fianzas que otorgó. Un portavoz del ICE, Matthew Bourke, dijo que las decisiones se toman “caso por caso, tomando en cuenta factores como el historial de inmigración, antecedentes penales y lazos comunitarios”.
Si bien los números de fianzas del ICE no están disponibles, los datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), que supervisa los tribunales de inmigración de la nación, proporcionan evidencias de que los funcionarios de inmigración están negando cada vez más fianzas en la era Trump.
El número de inmigrantes detenidos que solicita audiencias de fianzas en un tribunal de inmigración, su única opción si el ICE se las niega cuando son arrestados, subió un 38 por ciento durante el primer año de la administración Trump con respecto al año anterior, a 73.000, un máximo de dos décadas, según un análisis de Reuters de acuerdo a los datos de la EOIR.
Al mismo tiempo, los inmigrantes están detenidos más tiempo, ya que muchos de los que inicialmente se les negó la fianza del ICE se ven obligados a esperar el resultado de las audiencias posteriores en la corte. La duración promedio de la detención para no delincuentes llegó a 63 días en abril de 2017, el doble de lo que era un año antes y el promedio mensual más largo desde al menos 2010, según los datos más recientes del ICE.
El Departamento de Justicia, que supervisa la EOIR, no quiso hacer comentarios sobre el análisis de datos de Reuters.
El número cada vez mayor de audiencias de fianzas también está frustrando a la administración Trump en su esfuerzo por reducir el retraso acumulado de casos en los tribunales de inmigración. Como los jueces se han visto obligados a cambiar sus expedientes para hacer espacio para las audiencias de fianzas, el retraso acumulado ha aumentado, alcanzando un máximo histórico de 711.142 casos pendientes en mayo de este año.
La atención reciente de los medios se ha centrado en la política de la administración Trump de separar a los niños de los padres que son atrapados al cruzar la frontera de Estados Unidos-México ilegalmente.
Los hallazgos de Reuters muestran que la denegación de fianzas también está separando a familias que llevan años en el país e incluyen a niños que son ciudadanos de Estados Unidos.
“No es como un procedimiento penal en el que en 48 horas alguien decide si tienes que estar o no en la cárcel”, dijo Katherine Evans, directora de la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Idaho.
“Esto es de cuatro a seis semanas más tarde (…) Ya has perdido tu trabajo, no tienes ingresos, todas las consecuencias de estar en la cárcel se imponen antes de que uno pueda obtener una revisión de si tienes que estar o no en la cárcel”.
“Es un gasto de recursos absurdo, por no decir inhumano”, dijo Elizabeth Matherne, abogada de Vasquez. “Estás poniendo en jaulas personas que no son dañinas para la sociedad”.
“CAPTURAR Y LIBERAR”
Según una política de larga tradición en Estados Unidos, los inmigrantes atrapados cruzando la frontera ilegalmente y aquellos con antecedentes penales graves están sujetos a detención obligatoria, permitiéndose algunas excepciones por razones humanitarias.
La mayoría del resto, aquellos sin antecedentes penales graves que ya viven en Estados Unidos y a menudo tienen vínculos profundos con sus comunidades, como Vasquez, solían ser liberados bajo fianza en años anteriores, dijeron los abogados de inmigración.
Pero en una de sus primeras órdenes ejecutivas, Trump puso bajo aviso a todos los inmigrantes que viven ilegalmente en el país: los funcionarios recibieron orden de “asegurar la detención de extranjeros detenidos por violaciones a la ley de inmigración a la espera del resultado de su proceso de deportación”.
En otras palabras, cualquier persona detenida por violar la ley de inmigración podría ser encerrada.
La medida fue fuertemente respaldada por el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y otros críticos desde hace mucho tiempo de la práctica que llaman “capturar y liberar”, según la cual los inmigrantes considerados de bajo riesgo son liberados poco después del arresto para dar la pelea en sus casos de deportación.
Reuters encontró que para cumplir con las políticas de Trump, el ICE modificó una herramienta que los agentes han estado utilizando desde el 2013 para decidir si un inmigrante debe ser detenido o liberado bajo fianza.
La evaluación de clasificación de riesgos por computadora usa estadísticas para determinar el riesgo de fuga de un inmigrante y el peligro para la sociedad.
Anteriormente, la herramienta recomendaba automáticamente “detener” o “liberar”. El año pasado, el portavoz del ICE Bourke dijo que la agencia eliminó la recomendación de “liberación”, pero señaló que el personal del ICE puede tomar su propia decisión sin considerar la recomendación de la herramienta.
El impacto de estos cambios fue inmediato. La cantidad de inmigrantes sin historial delictivo que el ICE destinó a su detención se triplicó a más de 43.000 en el 2017, según datos de la agencia.
Y aunque el ICE continúa arrestando a más inmigrantes con antecedentes penales que los que no, los datos más recientes que la agencia proporcionó muestran que en los primeros 100 días de la administración Trump el delito más grave cometido por casi la mitad de los arrestados fue violar las leyes de inmigración o de tráfico, sin incluir conducir en estado de ebriedad.
AYUDA POLICIAL
Cuando Vasquez fue arrestada el año pasado, su historial mostraba dos condenas en 2014 por conducir sin licencia y otras violaciones de tránsito. También mostró que en 2004 fue sentenciada a libertad condicional por contribuir a la negligencia de un menor, después de que un niño al que estaba cuidando se acercó demasiado a una autopista.
La policía del condado de Douglas retuvo brevemente a Vasquez, según dijo, antes de transferirla al condado adyacente de Cobb, una de las jurisdicciones en Georgia en las que la policía local también tiene un acuerdo con el ICE para actuar como agentes inmigratorios. El número de los denominados acuerdos 287(g) ha aumentado a más del doble durante el gobierno de Trump.
Sean Gallagher, director de operaciones de cumplimiento y remoción del ICE en la oficina de Atlanta, que cubre Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, dijo que respalda enérgicamente las asociaciones.
Declaró que algunos de sus oficiales están frustrados por políticas de la era de Obama que tenían como objetivo a inmigrantes de alta prioridad para deportación, pero que ignoraba a otros.
Ahora, según Gallagher, “la política está realmente clara. Es que no haremos excepciones”.
La oficina de campo de Atlanta arrestó a más de 5.700 no criminales en 2017, casi seis veces más que el año anterior y el mayor incremento en la nación.
Registros policiales muestran que como Vasquez no se presentó a la corte para unas de sus multas de tránsito, el ICE emitió en 2015 una orden de detención, un comunicado a autoridades locales sobre su presencia ilegal en Estados Unidos. Departamentos de policía cooperadores entregan automáticamente a las autoridades federales a cualquier inmigrante con órdenes de arresto vigentes que sean detenidos en sus jurisdicciones.
Después de su arresto, Vasquez estaba agitada. Había dejado a sus hijos durmiendo a cargo de su hija de 17 años. Llamó al pastor de su iglesia para que recogiera su automóvil y alertara a todos en casa.
“Sé lo duro que ha sido todo esto para ella… y para todos los niños”, comentó Ruth Negron, pastora en la iglesia Cristo Reina, donde Vasquez asistía a ceremonias varias veces a la semana y encabezaba un grupo de actuación.
Vasquez estaba poniéndose de pie de nuevo, afirmó Negron, después de que su marido mexicano fue deportado cinco años antes y posteriormente quedó inválido en un accidente automovilístico. Poco tiempo atrás, ella se había mudado junto a sus hijos desde una casa rodante a una vivienda alquilada de mayor tamaño.
Cuando el ICE negó a Vasquez la fianza al momento de su arresto, se evaporó cualquier esperanza de que fuera liberada pronto para volver con su familia. En días, fue enviada al centro de detención de la agencia en el condado de Irwin en Ocilla, Georgia, cerca de la frontera con Florida.
Un mes después, Vasquez tuvo su primera audiencia frente al juez William Cassidy, emitida a través de una transmisión de video desde su corte en Atlanta.
“Iba… a ver si me daba una fianza, porque tengo seis hijos y yo soy la única que mantengo a mi familia”, dijo Vasquez al juez, según la transcripción.
El fiscal del ICE contraargumentó que existía el riesgo de que en caso de que saliera libre, Vasquez no llegaría a sus citas de la corte debido a que no se presentó por infracciones de tránsito previas.
El juez Cassidy se mostró de acuerdo. Insistió que la mujer debía llamar a un abogado y la envió de nuevo a detención. El procedimiento entero duró menos de cinco minutos.
Matherne, el abogado que luego tomó el caso de Vasquez, y otros defensores de los inmigrantes dijeron que antes de que Trump asumiera la presidencia, un caso así -que involucrara a un inmigrante con un historial relativamente limpio y largamente establecido en Estados Unidos- nunca hubiera llegado tan lejos.
“Lo que solía suceder es que pasaban por el centro de procesamiento del ICE, donde les realizaban algún tipo de análisis y nunca veías a personas como Morena detenidas”, dijo Matherne.
“Habrían sido puestas en libertad bajo supervisión o bajo su propia responsabilidad” y se les daría una fecha en la corte para impugnar su orden de deportación.
Los partidarios de la aplicación más estricta de la ley bajo la administración Trump dicen que ése es el problema, que la liberación de inmigrantes bajo fianza les anima a omitir las citas judiciales y esconderse. Al presentar sus argumentos en octubre pasado, el fiscal general Sessions observó que las órdenes de deportación emitidas en ausencia se “han duplicado desde 2012, con casi 40.000 en el año fiscal 2017”.
Los datos de la EOIR confirman el aumento, pero también muestran que la mayoría de los inmigrantes todavía se presentan a sus citas en la corte: el 74 por ciento apareció en sus audiencias finales en 2017, frente al 90 por ciento en 2012.
PROBLEMAS DE DINERO
Si bien la cantidad de personas que solicitan audiencias de fianzas en los tribunales de inmigración ha aumentado, no hay más posibilidades de que tengan éxito en obtener la liberación que durante el Gobierno de Obama. El año pasado, los jueces de inmigración otorgaron fianzas en el 42 por ciento de los casos, similar a la tasa registrada años anteriores, según el análisis de Reuters.
El juez Cassidy, que negó la solicitud de fianza de Vasquez, estuvo por debajo del promedio nacional, otorgando fianzas en el 35 por ciento de los casos en la última década. En una investigación del año pasado, Reuters descubrió que las decisiones sobre deportar a los inmigrantes ilegales o permitirles quedarse en el país varían ampliamente entre los tribunales de inmigración. Los jueces en Georgia y Carolina del Norte fueron los más duros.
En las más de 30 audiencias de fianzas que observó Reuters en febrero y marzo en tribunales de inmigración en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y en el Centro de Detenciones Stewart, otra instalación de Georgia, los fiscales del ICE acordaron negociar fianzas sólo en tres casos. Y en cada uno de ellos, fue de más de 10.000 dólares, muy por encima del mínimo legal de 1.500 dólares.
Sumas como esa pueden ser prohibitivas. A diferencia de los acusados ??de delitos estadounidenses, que generalmente pueden pagar el 10 por ciento de la fianza con un fiador y garantizar su liberación, los inmigrantes deben pagar sus fianzas en su totalidad.
Arturo Flores, un inmigrante mexicano de 45 años y padre soltero, había estado viviendo ilegalmente en Estados Unidos por más de 17 años cuando fue arrestado en noviembre del 2017 en Carolina del Norte por conducir a 24 kilómetros por hora por encima del límite y sin una licencia. En Carolina del Norte, como en Georgia, las personas sin estatus migratorio legal no pueden obtener licencias.
El ICE estableció su fianza en 12.000 dólares.
La familia no tenía suficiente para pagar. Sus dos hijos adolescentes, que vivían con un tío luego de que su padre fuera internado en el centro de detención del condado de Irwin, acababan de enviar el poco dinero que tenían a México para ayudar a pagar el funeral de su madre, que murió mientras su padre estaba bajo custodia.
En enero, el juez Michael Baird aceptó la solicitud de Flores de reducir el monto a 5.000 dólares. Le tomó a la familia otros dos meses juntar el dinero en efectivo.
Flores dijo que su salud se deterioró durante casi cuatro meses en detención. Menos de una semana después de su liberación en marzo, tuvo un derrame cerebral y fue hospitalizado.
Piensa que la dura prueba contribuyó a sus problemas de salud.
“Estaba muy estresado, preocupado de mis hijos viviendo sin su papá, sin su mamá”, dijo desde su hogar en Carolina del Norte, donde espera su próxima audiencia en un tribunal de inmigración.
“¿QUÉ PASA?”
Al estar detenida, Vasquez tampoco tenía forma de ayudar a sus hijos.
Después de que su iglesia persuadió al propietario de liberarla de su contrato de alquiler, sus hijos durmieron en el piso de la casa de un primo durante varias semanas. Luego, su abuelo con diabetes, que era residente permanente legal en Estados Unidos, encontró un lugar en Roma, Georgia, donde los chicos podían vivir a una hora de su antiguo hogar.
El viaje de ida y vuelta de ocho horas hasta el centro de detención dificultó las visitas de los hijos de Vasquez. Escribieron cartas a la corte para pedir que su madre pudiera estar de vuelta.
Vasquez ganaba un dólar por día lavando platos en la cocina del centro de detención. Se sintió humillada cuando junto a otros presos era conducida por los guardias a la cafetería y ellos utilizaban la frase “chow time”, que a ella le sonaba como un comercial de comida para perros. Perdió 9 kilos.
En mayo del 2017 su caso pasó del juez Cassidy al juez Wilson, quien había denegado la solicitud de asilo de Huerta. En una serie de audiencias durante la primavera y el verano del año pasado, las reiteradas solicitudes de fianza de Vasquez fueron denegadas.
Vasquez se desesperó. Renunciar y regresar a El Salvador, un país desconocido para sus hijos, no era una opción. De adolescente, un amigo intentó reclutarla para que se uniera a una violenta pandilla callejera. Cuando su madre se enteró la envió a Estados Unidos a vivir con su padre.
La hermana de Vasquez se quedó en El Salvador. Fue asesinada por pandillas en 2012 y tenía varias heridas con arma blanca en la cara, según muestran registros de la policía local.
La madre de Vasquez, Ana Henríquez, escribió a la corte desde El Salvador rogándole al juez que dejara que su hija permaneciera en Estados Unidos. “En nuestro país hay mucha violencia, no hay trabajo ya que la situación es horrible”, escribió Henríquez. “No puedo alimentar ni cuidar a mi hija y mis nietos. Son norteamericanos y yo soy muy pobre “.
En septiembre, Vasquez tuvo una audiencia sobre los méritos de su caso. El juez Wilson determinó que había “trabajado duro en Estados Unidos y se había ocupado de su familia y la mayor parte del tiempo se había mantenido fuera de problemas”.
Como resultado, dictaminó que Vasquez era elegible para la “cancelación de deportación”, lo que significa que su orden de deportación sería retirada y que podría vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
El gobierno apeló el fallo argumentando que Vasquez no había probado según el estándar requerido que su padre, con residencia permanente en el país, y sus seis hijos, todos ciudadanos, sufrirían “privaciones excepcionales y extremadamente inusuales” si era deportada.
Fue detenida nuevamente; toda esperanza parecía perdida.
Pero sin que Vasquez supiera su hija mayor le había contado a sus maestros sobre la situación de la familia y la escuela había ayudado a que tomaran contacto con abogados voluntarios del Southern Poverty Law Center.
Ahora asistida por una abogada Vasquez pidió otra audiencia de fianza. Y el 20 de febrero, un año después de su arresto, se encontró de nuevo frente a Wilson a través de una transmisión de video.
“Estaba tan nerviosa que mis pies temblaban”, declaró. “Estaba tan nerviosa que repetí mi nombre tres veces”.
Su abogada, Matherne, le recordó a Wilson que había aceptado la solicitud de Vasquez de permanecer legalmente en el país más de cinco meses antes.
“Bueno, ¿qué pasa?”, dijo Wilson, “¿Por qué no es liberada?”.
El fiscal de la audiencia, Alex Brown, argumentó que la cancelación de la orden de deportación de Vasquez por parte del juez Wilson probablemente sería anulada por la apelación de ICE, lo que le daría a Vasquez un incentivo para pasar a la clandestinidad si fuera liberada. Sugirió una fianza de 7.500 dólares.
Matherne dijo que la cantidad no era razonable. “El padre de la demandada ha cuidado por su cuenta a seis niños”, señaló. “Es diabético y tiene problemas cardíacos. Agotó sus ahorros”.
El juez Wilson señaló, por su parte, que “ella no va a ninguna parte” y que el caso “es una fianza de 1.500 dólares”.
Cuando el juez anunció que otorgaría el nivel más bajo de fianza permitido, otros detenidos en la sala estallaron en aplausos.
La familia de Vasquez se apresuró en pedir dinero prestado para pagar la fianza ese mismo día.
Una semana más tarde, la Junta de Apelaciones de Inmigración descartó la apelación del gobierno, despejando el camino para que Vasquez permanezca de manera definitiva en Estados Unidos.
Morena Vasquez ahora realiza trabajos ocasionales en obras de construcción y vive en cuartos compartidos en el condado de Cobb, buscando un lugar para instalarse con sus hijos mientras espera completar todos los pasos necesarios para obtener su Tarjeta Verde.
“Es un poco difícil, es confuso adaptarse a todo de nuevo. Me siento noqueada; yo no estuve detenida algunos meses sino un año y tengo que adaptarme de nuevo a la sociedad. Es un cambio grande”, dijo Vasquez.