Un informe que revela la cifra de 387 privados de libertad por razones políticas -como referencia-, entregó la Coalición por los Derechos Humanos y Democracia en el marco del Proyecto Libertad a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional.
Nota de Prensa
El hecho se dio la mañana de este martes en el contexto de su octava reunión ordinaria en la que se recibieron a los familiares de los presos políticos y se les otorgó el derecho de palabra.
Casos emblemáticos como el de los 5 funcionarios de la Policía Metropolitana quienes tienen 15 años, 2 meses y 11 días privados de libertad y el de 14 presos de Polichacao, entre otros no menos importantes fueron escuchados a fin de alimentar con argumentos un informe actualizado, que será presentado próximamente ante organismos internacionales accionantes en materia de derechos humanos.
La diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda) aseveró que la comisión que preside, en presencia de los familiares de los presos políticos, recibió el informe a fin de ser estudiado a fondo y certificarlo, para posteriormente ser presentado en plenaria y que el parlamento venezolano sea garante de su contenido.
La diputada Adriana Pichardo (Unidad/Aragua) reafirmó que luego del proceso de “excarcelación” efectuado semanas atrás, se busca actualizar el documento a efectos de las gestiones que los organismos internacionales tengan a bien a hacer.
Recalcó que desde el año 2016 han venido levantando expedientes sobre violaciones a los derechos humanos y sobre el tema de los presos políticos, por lo que aseveró que desde el seno de la asamblea no se busca venganza sino justicia.
Correspondió al abogado Carlos Moreno, en representación de la Coalición por los Derechos Humanos y Democracia en el marco del Proyecto Libertad, presentar el citado informe que, para el momento de la redacción de esta nota, circula en la ciudad de Nueva York y en la frontera colombo-venezolana a fin de darlo a conocer a los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Eurocámara.
Moreno reconoció que la primera persona que comenzó a hacer un registro para tener referencia de la realidad de los presos políticos, fue la diputada Delsa Solórzano e insistió a la opinión pública, que el registro es una referencia ya que están convencidos que son muchísimos más los presos políticos.
El informé arrojó que actualmente se contabilizan 387 privados de libertad, militares y civiles, por razones políticas.
“Acá no están reflejados las casi 12 mil personas con medidas cautelares sustitutivas de libertad. Por la sociedad civil hay registrados 192 personas, 154 militares privados de libertad, 2 estudiantes, 16 políticos, 13 funcionarios policiales; 13 personas en delicado estado de salud por lo que se ha acudido a Fiscalía, Defensoría, TSJ y a la Cruz Roja para exigir el trato adecuado en materia de salud.
A la fecha todavía hay 2 menores de edad con boleta de excarcelación y 19 mujeres aún retenidas; 192 personas privadas de libertad cuyo caso está en jurisdicción militar, dijo.
El representante de la coalición anunció que se ponen a la orden del parlamento ya que poseen la totalidad de los expedientes, por lo que solicitan que se certifique el listado presentado.
Anunció también que en los próximos días un grupo de familiares de los presos políticos y militantes de la coalición acudirán al despacho del ministro de la defensa, a tenor de lo dispuesto del Código de Justicia Militar, para que sean recibidos los familiares en función de que sean mejoradas las condiciones de los privados de libertad.
Así mismo acudirán a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Cruz con el propósito de que intervenga en el caso antes mencionado.
Finalmente Moreno afirmó que toda la asistencia a los privados de libertad y sus familiares ha sido gratuita.
José Somacal, familiar de uno de los militares presos, denunció que su consanguíneo ha sido objeto del cobro de vacuna, pasan hambre, están hacinados y hoy día sufre un cuadro de hipotensión.
Sugirió a los diputados y a los abogados defensores a efectuar visitas diarias a fin de generar presión a las autoridades y funcionarios en materia carcelaria.
Laura Pérez familiar de uno de los 5 funcionarios de la Policía Metropolitana, precisó que ellos ya tienen la pena cumplida y les corresponde la libertad. Agregó que han sido los primeros presos políticos de este gobierno.
Ana de Mavarez, dijo que su hijo posee boleta de excarcelación desde el 2016 y aún no ha sido liberado.
Concluyendo la jornada, la diputada Delsa Solórzano aseveró que no abandonarán a los presos y que “sepan que en el parlamento tienen voz, para seguir luchando juntos hasta lograr la libertad a pesar de la saña del gobierno”.