La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador está pendiente de recibir un acta de la audiencia celebrada el martes en una de sus salas en Quito para cursar una orden de detención internacional contra el expresidente Rafael Correa.
EFE
Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, afronta una solicitud de prisión preventiva en su país ordenada este lunes por la jueza de la Sala de lo Penal de la CNJ Daniella Camacho, además de un llamamiento a Interpol para que lo ubiquen y lo extraditen.
El 18 de junio Camacho ordenó a Correa que se presentara cada quince días, empezando por este lunes, ante la Secretaría de la CNJ en Quito como medida cautelar tras ser vinculado penalmente a un caso de intento de secuestro del exlegislador opositor Fernando Balda.
Sin embargo, Correa optó por presentarse ante el consulado de Ecuador en Bruselas, amparado, según sus abogados, en una normativa diplomática.
De acuerdo a fuentes de la judicatura ecuatoriana consultadas por Efe, tras la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada ayer, la instructora Camacho debe realizar un acta de la vista, oficio que debe incorporar a un sistema que vincula a toda la función judicial denominado “SATJE”.
A partir del ingreso en el sistema, esa jueza debe emitir un oficio dando a conocer la resolución sobre el caso a la presidenta de a CNJ, Paulina Aguirre Suárez, encargada de realizar otro oficio desde la Presidencia por la que emite la orden de detención internacional y solicitud de extradición.
La ley ecuatoriana, precisaron las fuentes, no establece un plazo específico para que se realicen los trámites mencionados, por lo que se trata de un procedimiento que podría alargarse en el tiempo.
Una vez expedida la orden de detención o notificación roja a Interpol, de la que también es informada la Policía Nacional ecuatoriana, se abre un canal diplomático.
Este consiste en que la Presidencia de la Corte remite la solicitud de detención a la Cancillería ecuatoriana, que deberá entonces proceder a notificar a la Cancillería belga.
Las autoridades del país al que se remite la orden internacional de detención deben entonces revisar su marco legal y verificar los convenios de extradición y dar una respuesta a las autoridades judiciales ecuatorianas a través del mismo canal diplomático.
Los marcos de extradición en Ecuador generalmente se aplican a prófugos requeridos por delitos como peculado (malversación de fondos públicos), cohecho y concusión, precisaron las fuentes.
El expresidente ecuatoriano respondió hoy que esta orden de detención forma parte de un “complot” político que ya se conocía desde hace meses.
Su abogado, Caupolicán Ochoa, dijo hoy a Efe que ha interpuesto un recurso de apelación al dictamen de la jueza que instruye el caso, que espera fundamentar en los próximos días.
Por su parte, el abogado de Balda que actúa de acusación particular, Felipe Rodríguez, aseguró que la jueza no tuvo otra alternativa que pedir la prisión preventiva contra Correa al incumplir su comparecencia en sede judicial.
Otros tres ecuatorianos están procesados en relación al caso de secuestro, entre los que se encuentran un exresponsable de la Policía y otro exjefe de la Inteligencia, y por el que fueron condenados media docena en Colombia, integrantes del grupo de sicarios que lo capturó. EFE