Las calamidades no cesan. A la escasez de bienes esenciales, como alimentos y medicinas, se suma el colapso del transporte público. Era previsible, pues desde hace más de un año el gobierno no otorga las divisas para importar los repuestos automotores lo cual ha traido como consecuencia que no haya disponibilidad de autopartes, cauchos, baterías, lubricantes… No hay nada para que los transportistas puedan prestar el servicio, y ni siquiera hay dinero en efectivo para que los ciudadnos puedan pagar el costo cada vez mayor del pasaje.
La reducción de la flota de autobuses y busetas ha hecho que los ciudadanos queden condenados a ser trasportados como animales en camiones de carga improvisados, sin ningun tipo de seguridad. Son las llamadas “perreras”.
La seguridad vial es un derecho y el Estado debe garantizarlo. El problema no se reduce solamente al despectivo nombre que se le puso a esta nueva modalidad de transporte. Lo más grave son las lesiones y hasta muertes que han ocurrido desde que las perreras comenzaron a circular.
En su resolución 64/255, del 1 de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.
A través de esa resolución, se alienta a los países a que apliquen cinco pilares, sobre la base de las recomendaciones del Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito, propuestas por la Comisión para la Seguridad Vial Mundial: 1) Gestión de la seguridad vial; 2) Vías de tránsito y movilidad más seguras; 3) Vehículos más seguros; 4) Usuarios de vías de tránsito más seguros y 5) Respuesta tras los accidentes.
Para reducir las tasas de mortalidad, de heridos y de accidentes de tránsito, es necesario y urgente que el Estado asuma las riendas de estas actividades, programe un conjunto de políticas coherentes y las ponga en práctica de manera seria y coherente.
El uso de las “perreras” mancillan la dignidad del ciudadano y compromenten a diario su integridad física y su vida. Las perrreras no son la solución y deben eliminarse inmediatamente. El gobierno debe garantizar: 1) un tansporte público adecuado y seguro, 2) el control eficaz de la velocidad mediante una intervención policial oportuna, 3) medidas de descongestión del tráfico, 4) el establecimiento y observancia de leyes armonizadas a escala internacional que exijan el uso del cinturón de seguridad, del casco y de los sistemas de retención para niños, 5) la fijación e imposición de límites de alcoholemia a los conductores y 6) el mejoramiento de la atención que reciben las víctimas de los accidentes de tránsito.