El Gobierno de Estados Unidos deberá detallar esta semana su plan para reunificar a cientos de familias de inmigrantes, algunas de ellas con padres deportados o liberados de su custodia y con paradero desconocido, ordenó hoy un juez federal de California.
EFE
Mediante una moción, el magistrado Dana Sabraw, que ve la demanda entablada contra el Gobierno por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a raíz de la separación de familias inmigrantes, pidió al Gobierno que entregue el miércoles una lista de todos los padres no elegibles para reunificación, con información detallada sobre los que no están en el país.
Las autoridades federales aún mantienen bajo su cuidado a unos 650 niños de entre 5 y 18 años, además de unas decenas de menores de cinco años, clasificados como no elegibles para su liberación dentro del plazo establecido por el magistrado.
Los menores no han podido ser devueltos a sus padres los pasados días 10 y 26 de junio, las fechas establecidos en la corte, en algunos casos porque sus progenitores no están en el país o se hallan fuera de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin que se sepa su paradero.
En pasadas audiencias, Sabraw responsabilizó al Gobierno federal de haber perdido el rastro de cientos de padres.
El juez impuso en su escrito de hoy que ambas partes presenten su respectiva estrategia para que los menores separados regresen con sus familiares.
No será hasta el jueves cuando ambas partes entreguen un informe al juez y en el que el Gobierno incluya un plan de reunificación para las familias restantes, separadas tras ser detenidas en la frontera con México como resultado de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal.
Se espera que el juez decida en cualquier momento si concede un plazo de siete días para los padres con una orden de deportación y que recién han sido reunificados evalúen sus opciones, entre las que podría incluirse ser repatriado sin el menor.
Esta solicitud de ACLU se debe a testimonios que suponen que muchos inmigrantes en centros de detención son forzados a tomar decisiones apresuradas y basadas en información engañosa.
La semana pasado, los abogados del Departamento de Justicia dieron a conocer que unos 1.000 padres que fueron separados de sus hijos en la frontera cuentan con una orden y fecha de deportación.