El pasado viernes 27 de abril, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, declaró durante una rueda de prensa que su gobierno decidió la deportación de los 82 venezolanos que permanecían en un centro de detención de inmigrantes en Puerto España porque Trinidad y Tobago no era China, Rusia o Estados Unidos; que era una pequeña isla con espacio limitado y 1,3 millones de habitantes. “No podemos y no permitiremos que los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados”, agregó.
Aunque es una pequeña isla, Trinidad y Tobago forma parte de la sociedad internacional y, por ello está sometida a las reglas de Derecho que rigen a la comunidad de naciones. Una de esas reglas es la buena fe. Se trata de un principio firmemente establecido por el Derecho Internacional, según el cual “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
La suscripción de convenios internacionales es una manifestación del ejercicio de la soberanía de los Estados, y el cumplimiento de lo pactado no sólo compromete el honor nacional sino que es la base de la convivencia civilizada entre las distintas naciones. Por tal razón, este principio se ha consagrado en la norma Pacta Sunt Servanda, recogida y aceptada como principio general de Derecho.
El señor Rowley parece olvidar (o ignorar) que Trinidad y Tobago es signataria de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 1962, y que dicho instrumento establece en el artículo 2.2 la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraidas por los signatarios de conformidad con esta Carta.
El señor Rowley debe tener en cuenta que Trinidad y Tobago también es Estado Parte de la Convención sobre los Refugiados de 1951, la cual suscribió el 10 de noviembre de 2000, y que en su artículo 33 establece la prohibición de expulsión y de devolución (“non refoulement”).
El principio de no devolución o non-refoulement es la piedra angular de la protección internacional que requieren las personas refugiadas y de aquellas que solicitan asilo. Es una medida efectiva para garantizar el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo, y se erige como un componente integral de la protección internacional que garantiza a las personas solicitantes de asilo y refugiadas que ningún Estado Contratante (Trinidad y Tobago lo es) pueda expulsarlos o devolverlos o ponerlos en modo alguno en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
El señor Rowley formuló sus lamentables comentarios luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) afirmara que entre los deportados había solicitantes de asilo que se habían registrado y recibido sus certificados de la ONU, por lo que no se les debería haber permitido irse sin que la agencia verificara sus circunstancias.
Seguramente la presidenta de Trinidad y Tobago, Paula Mae-Weekes, que es abogada egresada de la Universidad de las Indias Occidentales, Cave Hill, sabe que la declaración de Keith Rowley es un acto de naturaleza jurídica que implica el desconocimiento del derecho internacional y el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado que representa, lo cual coloca a Trinidad y Tobago en una situación de responsabilidad internacional, que tarde o temprano será sancionada por los órganos de supervisión y control correspondientes.
La actitud del Señor Rowley contrasta con el aprovechamiento que ha hecho el gobierno de Trinidad y Tobago de fondos, de dinero proveniente de Naciones Unidas. Por ejemplo, recibió 15.000$ para ejecutar el proyecto “Construyendo un Centro de Documentación Digital en la Comisión Nacional de Trinidad y Tobago para la UNESCO”; 20.000$ para el “Foro sobre Inclusión Social, Diversidad y Equidad de Género en Trinidad y Tobago”, 20.000$ para el “Segundo Taller Nacional sobre la Convención del Patrimonio Mundial”, y 21.000$ para “el Proyecto Global de Experimentos de Microscience de la UNESCO TT”.
Y Trinidad y Tobago también se ha aprovechado de la “generosidad” del gobierno venezolano; por ejemplo, de la creación de un fondo de 50 millones de dólares para impulsar la explotación y comercialización de gas.
La migración forzada de venezolanos a causa de la emergencia humanitaria compleja en el país implica responsabilidades compartidas por los países de origen, tránsito y destino. No basta que los gobernantes de Venezuela y de Trinidad y Tobago insistan en negar el deterioro de la institucionalidad y la miseria que obligan a los venezolanos a huir de su país.