“Nos hemos visto obligados a tomar acciones preventivas, a fin de garantizar la integridad y la seguridad de nuestros defensores de derechos humanos”, anunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
Con información de EFE- Infobae
El régimen de Daniel Ortega mantiene la brutal represión contra la población civil en Nicaragua. En el marco de la sangrienta violencia que ya dejó entre 317 y 448 muertos, este domingo la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) anunció el cierre de sus oficinas a causa de amenazas de los grupos paramilitares.
“Nos hemos visto obligados a tomar acciones preventivas, a fin de garantizar la integridad y la seguridad de nuestros defensores de derechos humanos de la Anpdh (…) nuestras oficinas centrales permanecerán cerradas temporalmente”, informó la ONG en un comunicado.
La decisión fue tomada este fin de semana “tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive, en contra de nuestros defensores de Derechos Humanos”, explicó la Anpdh.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado acciones como estas como una “tercera fase” de represión consistente en la “criminalización de los manifestantes”, y la ha denominado como “más ruda, más explícita y burocrática”.
Esta organización ha sido una de las más activas en la defensa de los derechos humanos en medio de la crisis sociopolítica, y ha coincidido con la CIDH en responsabilizar por cientos de asesinatos a las “fuerzas combinadas” del Gobierno, compuestas por policías, parapolicías, paramilitares y grupos de choque oficialistas.
En su último informe sobre los resultados humanitarios de la crisis en Nicaragua que inició el 18 de abril, la Anpdh informó de 448 muertos, en su mayoría jóvenes manifestantes, 2.800 heridos, así como de cientos de “secuestrados” y desaparecidos en manos de las “fuerzas combinadas”.
La ANPDH, cuyo secretario general es el activista Álvaro Leiva, dijo ser víctima del “asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a nuestras oficinas de denuncias de violaciones a los derechos humanos”.
A pesar del cierre de su sede, la organización informó que “continuará ejerciendo su trabajo social de promoción y defensa de los derechos humanos en todo el territorio nicaragüense”, vía correo electrónico y la aplicación WhatsApp.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.