El constitucionalista Gerardo Blyde indicó que, según el artículo 200 de la Carta Magna, el único órgano público que puede ordenar una detención contra un diputado es el Tribunal Supremo de Justica, con previa autorización de la Asamblea Nacional.
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“Tras las acusaciones del testigo en el video presentado por el presidente ayer, lo que correspondía era que la Fiscalía General acudiera ante el TSJ para solicitar su detención”, explicó Blyde en una entrevista radial en el programa César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos. “Sin embargo, los hechos ocurrieron de una manera distinta: la policía científica acudió a la residencia de Juan Requesens sin la orden judicial del TSJ”, agregó.
El abogado constitucionalista aclara también que “solo existe una excepción, en caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, cuando la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará el hecho al TSJ”. Además, Blyde afirma que en la detención de Requesens no existía flagrancia porque se hallaba en su vivienda y no cometiendo los supuestos delitos por los que el Ejecutivo le acusa. “Ese cuerpo policial ni siquiera podía deternerlo en su residencia y mucho menos llevárselo a su sede”, enfatiza.
Blyde aseguró que “nuestra Constitución está pisoteada y muy pocos de sus artículos están vigentes“.
Por este motivo no está claro que pueden hacer contra Juan Requesens. “Si la Constituyente decide allanar la impunidad del diputado, será una seguidilla de violaciones de sus derechos y de todos los venezolanos que hayamos votado por los representantes legítimos de la Asamblea Nacional. Sería una actuación irrita, nula, pero ejercida por la fuerza”, explicó.