Para Cástor González, presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana (CPFC), la tortura contra el diputado principal a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, es evidencia incontestable de la comisión de un crimen de lesa humanidad, y de la tortura como política de Estado.
Nota de Prensa
– La evidencia de la tortura a la que es sometido Requesens, además de ser repulsiva y de reflejar el uso de la crueldad y el sadismo como herramienta de disuasión política va de lejos, más allá de una mera violación legal y constitucional en el orden jurídico interno, y califica como un delito de lesa humanidad, donde no solo el diputado y los demás presos políticos son víctimas de sus verdugos, sino que la propia comunidad internacional es la agraviada cuando un Estado incurre en estos delitos como práctica recurrente, advirtió.
En este orden de ideas el jurista expresó que la consagración a nivel constitucional y legal en Venezuela de la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, deriva de la obligación asumida por la República con la comunidad internacional en 1991, al ratificar la Convención de las Naciones Unidad contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. “Sin embargo, pese a que desde 1999 el gobierno se vanaglorió hasta el cansancio de su avanzado grado de humanismo al incluir estas normas en nuestra Constitución, hoy día las atropella y no solo pasa por alto su observancia, sino que más bien promueve su constante violación”, aseveró.
– La tortura es una conducta delictiva que además de poner de manifiesto la perversión más salvaje del torturador y de quien la ordena, busca destruir lo más preciado de la persona humana que es su dignidad, lo cual es un derecho de naturaleza fundamental que bajo ninguna circunstancia puede ser derogado, suprimido o suspendido, ni su ejecutor puede tampoco excusar su accionar bajo la excusa de la obediencia debida, denunció.
El presidente del CPFC, dijo además que el caso Requesens se suma a la de tantos otros presos políticos, cuyas vejaciones no han sido reveladas con la misma contundencia, pero que sin duda servirán como evidencia para sustentar y confirmar que la tortura y los tratos crueles e inhumanos constituyen una línea de conducta como política de Estado en contra de la oposición, lo cual se enmarca en lo definido y tipificado como delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
.- Desde el CPFC hacemos un llamado a quienes hoy ordenan y ejecutan estos actos de tortura, a que cesen en su conducta y respeten la dignidad de sus reos; a la comunidad internacional a que se mantenga atenta y vigilante, comprobando la naturaleza salvaje de quienes tienen bajo su control a lo que alguna vez fue un territorio libre y democrático; y a la ciudadanía a no olvidar y tener siempre presente que no importa cuan lejana nos sea hoy determinada circunstancia, mañana puede ser cualquier ciudadano, finalizó.