La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al Estado de Nicaragua investigar cualquier acto de violencia conforme los estándares interamericanos de diligencia e imparcialidad, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país y que ha dejado centenares de muertos.
“La @CIDH reitera a Nicaragua su obligación de garantizar la integridad de todas las personas. Asimismo, recuerda que cualquier acto de violencia debe ser investigado por el Estado con debida diligencia e imparcialidad, conforme a los estándares interamericanos”, indicó ese organismo, en un mensaje en Twitter.
El Gobierno de Nicaragua responsabiliza de las muertes ocurridas tras la crisis que estalló el 18 de abril pasado al “terrorismo golpista”, en alusión a quienes protestan contra el presidente Daniel Ortega.
La Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, consuegro del mandatario, en sus comunicados oficiales también mantiene ese misma narrativa de que los muertos son “víctimas del terrorismo golpista”.
Este sábado, el Gobierno, a través de su portal oficial digital El 19, reportó la muerte de Lenín Mendiola, hijo de la dirigente campesina Benigna Mendiola, y responsabilizó del crimen a “terroristas encapuchados que participaban en la marcha ‘Pacífica’ de la derecha golpista”.
En tanto, la Policía indicó en un comunicado que “los disparos con armas de fuego fueron realizados por terroristas que participaban en la marcha mientras se desplazaban frente a las oficinas de la Alcaldía Municipal de Matagalpa (norte)”.
No obstante, en otro párrafo del mismo comunicado indican que un equipo técnico policial se encuentra realizando las diligencias investigativas para el esclarecimiento, la búsqueda y la captura de los criminales.
Al respecto, la CIDH lamentó esa muerte que se dio en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar ayer en Matagalpa.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra las víctimas en solo 197, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los 80.
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE