El Parlamento venezolano de mayoría opositora culpó este martes al presidente Nicolás Maduro por los signos de tortura que, asegura, ha mostrado el diputado Juan Requesens desde que fue detenido y posteriormente acusado por el atentado que sufrió el jefe de Estado el pasado 4 de agosto.
EFE
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) denunciaron hoy que el Gobierno “de manera sistemática, emplea tratos crueles y degradantes, así como métodos de tortura a quienes han sido privados de libertad arbitrariamente por razones políticas, en lo que califica como un crimen de lesa humanidad”.
En el caso de Requesens, detenido hace una semana y tres días después de que dos drones explotaran en un acto público con militares que encabezaba Maduro y del que salió ileso, el Legislativo repudió el trato que ha dado el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial.
La Cámara insiste en calificar como “desaparición forzada” los cinco días que pasó el legislador sin tener contacto con familiares y abogados, y durante los cuales el chavismo publicó videos en los que acusa al expresidente del Parlamento Julio Borges y a otras personas por el fallido atentado.
“La supuesta confesión del diputado Requesens fue obtenida en violación a su derecho al debido proceso y en marco de su desaparición forzada, con lo cual, carece de validez jurídica”, dice la AN en el acuerdo aprobado este martes, respaldado únicamente por opositores al Gobierno.
El Legislativo se refirió además al video que muestra al diputado de 29 años semidesnudo, en absoluto silencio y con lo que parece excremento en su ropa interior.
“Las imágenes del diputado Requesens demuestran las condiciones que reflejan no solo tratos crueles y degradantes, sino incluso torturas”, prosigue el Parlamento que acusa a Maduro de haberse referido a este episodio “en tono degradante”.
Por lo anterior, acordaron “condenar la violación de derechos humanos del diputado Juan Requesens, especialmente por los tratos crueles, inhumanos e incluso signos de tortura que pueden apreciarse en la privación ilegítima de libertad”.
Asimismo, la Cámara decidió que notificará a los embajadores de otros países que viven en Venezuela y a los organismos internacionales de Derechos Humanos sobre este caso.
El Parlamento venezolano fue declarado en desacato por el Supremo poco después de que la oposición ganará las dos terceras partes de los escaños. Por este motivo los legisladores chavistas no acuden a estos debates y las decisiones de la Cámara no son acatadas por casi ninguna instancia pública.