El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) será representado por una defensora pública en la etapa de instrucción del proceso penal que enfrenta por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares, informó hoy el Órgano Judicial.
EFE
El Centro Judicial Isidro Menéndez explicó que la letrada Marisol Olivares fue designada por la Procuraduría General de la República (PGR) para defender a Funes y a otros 10 implicados más en el caso, entre ellos tres hijos y la pareja del exmandatario.
La fuente judicial señaló que la defensora pública fue asignada luego que el juez Sídney Blanco solicitara un profesional “idóneo” a la PGR para que representara “los intereses del exmandatario, de sus familiares y otras personas implicadas”.
El pasado 11 de agosto, una corte de instrucción de El Salvador autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para realizar una investigación judicial contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y otras 31 personas.
Dicho plazo concluirá el próximo 7 de febrero de 2019, según lo informó en su momento el Ministerio Público.
De acuerdo con el fiscal general, Douglas Meléndez, Funes y el empresario Miguel Menéndez encabezaron una estructura que sustrajo más de 351 millones de dólares a ocho cuentas particulares y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo.
Entre los procesados se encuentran la ex primera dama y actual secretaria de Inclusión Social del Gobierno, Vanda Pignato, dos de los hijos de Funes y su actual cónyuge, estos últimos se encuentran asilados en Nicaragua junto al exjefe de Estado.
Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del “cambio” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Elías Antonio Saca (2004-2009) y Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.
Saca enfrenta desde el pasado 7 de agosto un “juicio abreviado”, en el que confesó el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares a cambio de recibir una pena mínima de 10 años de prisión.