El anhelo madurista de la destrucción de toda iniciativa privada de Venezuela ha dado un paso definitivo: la medida anunciada por Nicolás Maduro de incrementar el salario mínimo a 180 millones bolívares de los viejos o 1.800 bolívares soberanos de los actuales, la cual constituye la muerte de la mayoría de las empresas en el país. Y es que el aumento de sueldo trae consigo un alza brusca de las prestaciones sociales de los trabajadores, cuyo cálculo es retroactivo y toma como referencia el último sueldo devengado, lo que decretará la bancarrota de las pocas empresas que aún se mantienen en pie en Venezuela.
Asimismo, anuncios de medidas para reactivar la producción agrícola, ganadera o industrial, brillaron por su ausencia. El silencio de Maduro también fue descarado y evidente ante el descomunal fracaso de las empresas expropiadas por el régimen, y que en buena parte explican la crisis sin precedentes que se sufre hoy en el país.
No obstante, lo que más desconfianza generó del “plan” de Maduro, es que todo está “anclado” al petro, la criptomoneda que ni los “camaradas” rusos, chinos o cubanos aceptan en los negocios que hacen con el régimen y que más bien parece montada para “lavar” esos capitales que la banda de “bolichoros” no puede mover debido a las sanciones de EEUU, Europa y otras naciones impuestas contra los jerarcas “rojos”.
Pero eso no es todo: si los empresarios aumentan los precios para intentar sobrevivir al desastre, son aprehendidos, como si de los peores criminales se tratara, por funcionarios armados y encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), o de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana: son humillados en público, sin juicio ni derecho a la defensa.
Sin ser pitonisos, es evidente que estamos a las puertas de una oleada inédita de despidos masivos, dado que pequeños y medianos empresarios preferirán bajar la santamaría antes del 1° de septiembre para no perderlo todo y aunque sea “salvar los muebles”, liquidando a sus trabajadores antes de que entre en vigencia el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos.
A los más de 4 millones que se han desplazado por la miseria generada por el chavismo tras 20 años de gobierno, se unirán otros millones de venezolanos desempleados y hambrientos, mientras que los que se queden estarán a merced del yugo manipulador que hace el madurismo con la entrega de las cajas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como de los míseros bonos que otorga el régimen a los que tienen el “carnet de la patria”.
Ante este apocalipsis madurista en pleno desarrollo, me pregunto: ¿qué estamos esperando los demócratas para unirnos y derrotar a esta cleptocracia? ¿Hasta cuándo los egos “presidenciales” que no nos permiten avanzar en nuestro anhelo de recuperar a Venezuela? ¿Nuestras Fuerzas Armadas seguirán permitiendo violaciones a la Constitución? ¿Nos vamos a dejar terminar de robar el país? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos y nietos?
Se acabó el tiempo: el momento de salvar a Venezuela es ahora.
Diputado a la Asamblea Nacional
Presidente del Parlamento Amazónico
@liderhumano