La defensa de la senadora y expresidenta argentina Cristina Kirchner evalúa pedir el acompañamiento de veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso judicial que se le sigue por presunta corrupción, anunció uno de sus abogados, Gregorio Dalbón.
“Podríamos solicitar a la CIDH la posibilidad de enviar veedores con el fin de asegurar a un organismo internacional en las investigaciones que se están haciendo a la expresidenta en forma irregular, violando todos los procedimientos legales inclusive los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica”, dijo Dalbón este martes a la AFP.
El abogado se refirió en particular al allanamiento del departamento de Kirchner en Buenos Aires la semana pasada, durante el cual no se permitió la permanencia de otro de los abogados de la exmandataria, Carlos Beraldi.
“De un modo u otro se han avasallado los derechos humanos y el debido proceso, al no permitirle a mi colega el doctor Beraldi estar dentro del departamento mientras se hacía el allanamiento”, añadió Dalbón.
Beraldi ya denunció por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público al juez Claudio Bonadio, quien lleva la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción” y tomó la cuestionada decisión.
– Bandas y bastones presidenciales –
Kirchner, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, es la persona de más alto rango investigada en el caso de “los cuadernos de la corrupción”, que implica a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios.
La trama de sobornos, narrada en una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia, abarca también la presidencia del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
Los allanamientos al departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como a la residencia familiar en Río Gallegos y la casa vacacional de El Calafate, estas dos últimas en la Patagonia (sur), se realizaron entre los pasados 23 y 26 de agosto, luego de su autorización por parte del Senado.
Dalbón precisó que el pedido a la CIDH se concretará una vez que hayan constatado el estado en que quedaron las otras dos viviendas “para ver qué tipo de derechos han sido violados”.
Un poco más tarde, Kirchner reaccionó a esos procedimientos, con un mensaje en su cuenta Twitter en el que denunció que de la casa de El Calafate los agentes se llevaron secuestrados “las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos”.
“La violación de derechos y garantías sin límite”, escribió este martes, tras varios días de silencio.
Sin embargo, unas horas después, el juez Bonadio ordenó restituir los objetos de investidura presidencial al considerar que son personales, según la prensa local.
Como senadora, Kirchner disfruta de fueros que impiden su detención, aunque puede ser juzgada y condenada.
Según los apuntes de los cuadernos, empresarios de la construcción entregaron incontables bolsos con dólares en efectivo a cambio de obtener contratos en la obra pública. Y la pareja Kirchner habría sido la principal beneficiada.
Los cálculos iniciales apuntan a coimas por unos 160 millones de dólares. En la lista de implicados figuran los nombres de los más conocidos empresarios, desde Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, hasta Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Además de ese, Kirchner tiene abiertos otros cinco procesos judiciales.
AFP