La decisión del TSJ-que por razones de forzosa necesidad opera desde el exilio-tiene una importancia inconmensurable. Es la liaison (enlace) entre la justicia local y la justicia penal trasnacional. Es darle ejecutividad a la restitución republicana del país. Con ella se exhorta no sólo a los organismo de seguridad del Estado Venezolano la captura de Maduro sino a todos los Estados Miembros de la Convención de Palermo sobre corrupción y delitos trasnacionales. Por eso partimos de una premisa fundamental: Es una decisión tanto de contenido jurídico pero también importantísima trascendencia política e institucional.
REO DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL.
Cuando el Secretario General de la OEA, Luis Almagro envía una carta pública a la Directiva de la AN instando justicia, no lo hizo para “llamar la atención” sobre los compromisos institucionales de la AN con el TSJ. Lo que comporta la carta de Almagro es el clamor de un paladín de la justicia universal por tener las herramientas de legitimación que le permita exigir a sus colegas instalados en organismos multilaterales e incluso en despachos judiciales del mundo, reconozcan la responsabilidad impuesta al mandatario Venezolano y ordenen lo propio para su emplazamiento y detención.
El TSJ ha encontrado responsabilidades penales, civiles, políticas y administrativas en el caso Odebrecht. La AN ha ratificado la ausencia absoluta del cargo de Presidente de la República, por lo que no basta la declaración política de los Estados sobre la clase de modelo político que gobierna el país [Dictadura] sino que ahora esta decisión coloca oficialmente el barniz de ausencia e inhabilitación que fundamenta la activación de la transición de poder. Basta de diplomacia de micrófonos y declaraciones principistas. Toca ahora aplicar tanto la norma establecida en el Estatuto de Roma por delitos de exterminio derivados de actos de corrupción, y las consagradas en la convención de Palermo sobre mafias internacionales, colusión, lavado de dinero y asociación para delinquir.
La AN en boca de su Presidente Omar Barboza reaccionó con destemplanza innecesaria pero respondió sabia y favorablemente en su acuerdo de cámara/ sesión extraordinaria del pasado 21 de Agosto 2018. Allí se reconoció: Al TSJ en el exilio como la máxima autoridad legítima de Venezuela ii.- La ausencia absoluta de Maduro declarada por la AN en 2017. iii.- El mérito del panel de expertos de la OEA que analizó las pruebas de delitos de lesa humanidad en contra del gobierno Venezolano. iv.- Solicitar una consulta a la sociedad civil sobre el vacío de poder que existe en Venezuela por un gobierno renovado ilegal e ilegítimamente que además lo preside un reo de la justicia penal v.-La captura de Maduro por parte de los organismos de justicia Venezolanos. Sin duda esto le calló la boca (y cortó dedos) a los tartufos tuiteros confusionales, quienes sin leer la CBV y cazando güire, desdecían de la AN en tono acusatorio y vejatorio. vi.- Expresamente ratifica el enjuiciamiento al PDR por lo que queda claro que respeta cualquier sentencia que se emita en relación a ello.
CAPRILES Y LA SENTENCIA.
Partiendo de la idea que la decisión del TSJ legítimo es una decisión de elevado impacto y contenido político, mencionar a Capriles-amén de razones procesales que no son otras que tenerlo como testigo no imputado de la investigación a Odebrecht-fue inconveniente. Ello dio pie a los defensores de Capriles a restarle mérito al peso jurídico, institucional y trasnacional de la sentencia y a su valor histórico, así como habilitó a los tartufos tuiteros confusionales contra-opositores, darle rienda suelta a sus desgarraduras anti MUD. De cualquier forma lo inteligente y prudente es enfocarse en los negocios de Odebrecht con el gobierno, siendo que con otros, esto merece ser canalizado en expediente separado, por cuanto lo ventilado por el TSJ, fue una causa estrictamente vinculada con actos de corrupción, malversación y tráfico de influencias desde la Presidencia de la República.
SALIR DEL TOTALITARISMO DESHUMANIZANTE.
La sentencia cumple otro objetivo. Despertar. Revivir la condición ciudadana. La nación totalitaria alcanza sus metas cuando la población deviene integrada de sujetos-zombies que no presentan resistencia, ni son capaces de articular iniciativas. Es la consagración de la sociedad totalizada en la anomia por erradicar la libertad y la pluralidad que entre los hombres, que es lo que los hace diversos a la vez iguales. Es condena al movimiento totalitario que mediante ideología, injusticia y terror se encarga de extirpar toda posibilidad de diálogo e interrelación entre los individuos.
La Sentencia del TSJ declara la responsabilidad del PDR, pero también el aprisionamiento de todos los anillos de hierro que asfixian y quitan espacio vital a la sociedad venezolana: El lager deshumanizante personalizado en hambre y criminalidad impune; la justicia revolucionaria y la ideología del control de cerdos en la granja. Es restituir el Estado de Derecho y la posibilidad de acción de los individuos en la libertad de la esfera pública. La Sentencia del TSJ es eso: libertad, ley, emancipación dogmática y expulsión de los invasores. ¡Ejecútese!
@ovierablanco