La Constitución vigente llenó vacíos no previstos en la Carta Magna promulgada el 23 de enero de 1961, a la vez que nos da por sabido que la soberanía no se ejerce a través de los partidos conceptuando que el pueblo la ejerce directamente, lo que nos fuerza a la consideración que los partidos constituyen una limitación para la voluntad popular , por lo que siendo el pueblo soberano la ejerce no solamente a través del sufragio, sino en forma más directa como poseedor del poder constituyente originario.
El triunfo revolucionario del 23 de enero de 1958, qué da al traste con la perversa y sanguinaria dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez nos llevó a definir las relaciones entre lo que anteriormente constituía el sistema bicameral del Congreso, las cuales no eran otras que la confusión de las funciones legislativas y ejecutivas, que hizo imposible la INCOMPATIBILIDAD de los órganos del Poder Nacional. Tal confusión, negación de la división de los poderes públicos ha permitido la subordinación de estos al gobernante de turno, contrapuesto al principio que reina en todas las democracias del mundo, como lo es: la instauración de un gobierno RESPONSABLE con predominación de la libertad, la igualdad , la solidaridad y en general , la preeminencia de los Derechos Humanos .
El estado “RESPONSABLE” a juicio de JÓVITO VILLALBA “significa en la vida constitucional la realidad más hermosa de la República, la única verdad que hace efectiva la moral política, la pureza fiscal, y en general todas las realizaciones del progreso en el orden social, en el orden político, en el orden económico, en el orden cultural. Se pregunta el constitucionalista y gran tribuno de América ¿Cuáles son señores, las bases doctrinarias del principio de la incompatibilidad? Son estas: el gobierno democrático, como lo establecen la letra de la Constitución y la doctrina política constitucional de los mejores autores, es fundamentalmente un gobierno que está obligado a rendir cuentas de sus actos ante el poder soberano que representa la opinión y voluntad del pueblo. Ese poder señores, ese poder representativo de la opinión y la voluntad del pueblo es el Poder Legislativo, como juez, como examinador de los actos del gobierno, tiene que ser un poder independiente de los cuadros de la administración pública” fin de la cita. (Maduro no es más que la expresión continuada del irrespeto al Estado responsable).
Como acotación de lo precedente, el constituyente de 1989 no se queda en el pasado feudal. Hace de la incompatibilidad de los órganos de poder Nacional un principio irreductible. Consagra que la soberanía se ejerce mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral; pero, hoy todo este avance institucional que conforma el Estado de Derecho es letra muerta. Se pisotea la Constitución. El presidente, sus ministros, los militares activos en funciones de gobiernos monopolizan la facultad de hablarle a la nación cuando a bien lo tenga. El presidente usa la radio como líder político a la vez que ordena abrir procedimientos judiciales contra todo aquel que ejerza su derecho a disentir; priva al parlamento del ejercicio de sus atribuciones; es decir el Presidente se ha convertido en un reo confeso de la violación de la Constitución: ha dejado de ser imparcial, repite una conducta fascista y decimonónica llevando a la práctica la subordinación de los poderes públicos , los que con exiguas excepciones han dejado de ser independientes para constituirse en órganos serviles a los caprichos autoritarios de Nicolás Maduro.
El no cumplimiento de los principios rectores de la Constitución ha convertido a Venezuela en un pueblo tarado por el autoritarismo político, federado al régimen cubano, con dominio de grupos familiares en su dirección. Ha dejado de ser la nación insigne de la región. Dejó de ser, lo que fue en el pasado Siglo, un país no homologable al que todo occidente hubo de concederle credibilidad institucional dado el funcionamiento pleno del Estado de Derecho. No obstante, lo dicho, el pueblo mediante elecciones libres le dio a los sectores opositores toda su confianza de poder originario para el ejercicio de las funciones legislativa, constituyó a este órgano del Poder Público Nacional en no subordinado a las ocurrencias autoritarias del actual régimen fascista.
La Asamblea Nacional, no sumisa al ejecutivo hizo posible la instalación de un TSJ nombrado en conformidad a la Constitución, así como la ratificación de Luisa Ortega Díaz para actuar “en representación del interés general y responsable del respeto a las garantías constitucionales” los que a la luz del mundo se entiende legítimo, y que por razones obvias funciona en el exilio.
El TSJ el día 15 de agosto cumplidas las formalidades de ley profirió sentencia mediante la cual fue condenado a 18 años y tres meses de prisión el ciudadano Nicolás Maduro. También obligado a resarcir al Estado 35 millones de dólares, declarándolo inhabilitado para ejercer cargos públicos. La sentencia fue proferida desde el Congreso de Colombia en Bogotá, se dio en el marco de la corrupción de la constructora Odebrecht. Para los juristas entendidos como para otros preocupados por el interés nacional, la sentencia es un ejemplo de que si se puede condenar a los corruptos y recibir el patrimonio que ha desaparecido de las Arcas públicas. Pero no es todo, posterior a este caso con antecedente en nuestra justicia, no excepcional; el órgano tenido como rector del Poder Judicial pidió investigar a Henrique Capriles, ex candidato presidencial, ex gobernador del estado Miranda e igual que a Elías Jaua y Jorge Rodríguez, señalados todos ellos como sospechosos de haber perpetuado delitos de corrupción propio y legitimación de capitales. Se le pidió a la fiscal del Ministerio Público abrir la averiguación pertinente.
Con toda honradez no se puede ser crítico a una disposición de un órgano tenido como legítimo, por el hecho de hacer lo que no se ha atrevido el gobierno que nos rige: la de ordenar investigar en este caso a Henrique Capriles pertenecientes a las filas de la oposición. Creemos que es de su deber; y seguro estamos que de llevarse a cabo la investigación, no será rehuida por él investigado, por cuanto estamos seguro que se cumplirán todas las garantías del debido proceso que le fueren concedidas al sentenciado Nicolás Maduro.
Henrique Capriles goza de mi estima como funcionario probo de un gran talante democrático y con una hoja de servicio de exhibición sin macula. En diferentes oportunidades he escrito sobre el particular. Tengo entendido que en sus 19 años de servicio en la administración no se le ha comprobado alguna irregularidad o acto de corrupción; y que frente a la investigación que se le ha ordenado estará dispuesto a enfrentarla sin condicionar la legalidad de los que ordenaron su investigación. Ha dicho “que se investigue lo que tenga que investigarse; eso sí, sin falsedades y sin objetivos pocos transparente” “El que no la debe nada teme”, adelante Henrique; seguro estamos de que tu honradez te absolverá ¡ Colonia no. Patria sí ¡
RAFAEL RODRÍGUEZ NUDARRA, abogado, político. Presidente de URD