La nueva empresa conjunta con participación de Petróleos de Venezuela con antiguos ejecutivos de Repsol, donde se transarían unos 120,000 b/d de petróleo, parece ser un vehículo para canjear bonos en mora por reservas petroleras y futuros ingresos por ventas.
Por: Argus Media / Traducción libre del inglés por lapatilla.com
La empresa conjunta denominada Petrosur desarrollaría el bloque Junin 10 de la faja petrolífera del Orinoco, que posee reservas estimadas de crudo extrapesado de 1.030 millones de barriles, según Pdvsa.
En una desviación de los términos de las empresas existentes del Orinoco de Pdvsa, se le han otorgado a Petrosur “derechos exclusivos” para comercializar directamente toda la producción de crudo extrapesado, crudo sintético y productos refinados derivados de Junin 10, de acuerdo con los artículos de constitución de la empresa y documentos jurídicos relacionados con Venezuela, España y los Países Bajos obtenidos por Argus.
La filial de Pdvsa, CVP, tiene una participación de 60% en Petrosur. El 40% restante es propiedad de la empresa holandesa-española Inversiones Petroleras Iberoamericanas (IPI), según un decreto presidencial publicado el 24 de agosto.
Un pago inicial de 400 millones de dólares del socio IPI de Pdvsa se pagará principalmente a través de bonos venezolanos soberanos y de Pdvsa en poder de las partes detrás del IPI, de acuerdo con tres funcionarios venezolanos. Todos menos el bono Pdvsa 2020 están actualmente en mora.
IPI originalmente se registró en Madrid en 2013 como una empresa dedicada principalmente al sector inmobiliario. La asociación de IPI con CVP está estructurada a través de una compañía holandesa registrada en los Países Bajos el 19 de abril de 2017 llamada Stichting Administratiekanto o Inversiones Petroleras Iberoamericanas (SAIPI).
Stichtings son entidades holandesas que hacen posible separar legalmente la propiedad y el control, de modo que las identidades de los propietarios o beneficiarios reales pueden permanecer ocultas al escrutinio público. SAIPI tiene una dirección en La Haya, pero tiene su sede en Madrid.
Los principales propietarios de SAIPI e IPI son el ex presidente ejecutivo de Repsol, Alfonso Cortina, y el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín.
Blanco es un ex inspector de finanzas del gobierno español antes de unirse a Repsol en 1996, inicialmente como asesor principal del comité de auditoría de la junta. Más tarde fue ascendido a vicepresidente durante el mandato de Cortina como director ejecutivo en 1996-2004. Blanco es desde hace mucho tiempo “amigo personal cercano del ex primer ministro español José María Aznar”, según documentos legales españoles.
Cortina y Blanco han sido asesores financieros de varios bancos europeos, incluidos Banco Rothschild, Barclays y Societe Generale.
Blanco es objeto de múltiples investigaciones en curso de lavado de dinero por parte de las autoridades judiciales y fiscales españolas, según indican los documentos. Ni él ni Cortina pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.
El activo corporativo más grande de SAIPI parece ser una compañía de las Islas Vírgenes Británicas llamada Arazen Investments Ltd.
El bloque Junin 10 que Maduro otorgó a Petrosur originalmente se destinó en 2010 a una empresa conjunta aguas arriba en la que Pdvsa y la estatal china CNPC serían 60:40 socios.
CNPC se retiró en 2014 después de que Pdvsa reconoció que carecía del capital necesario para desarrollar su parte de la infraestructura de producción, incluidos los ductos, dijo un funcionario del Ministerio de Energía. Pero la compañía china sigue siendo socia en las empresas conjuntas del Orinoco Sinovensa y PetroUrica.
Un observador señaló que Junin 10 será difícil de desarrollar debido a su ubicación remota lejos de la infraestructura existente. Pero IPI podría intentar vender sus derechos sobre la superficie.
El decreto del presidente Nicolás Maduro autorizó la creación de Petrosur en base a un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de julio de 2017 que autoriza a aprobar empresas conjuntas petroleras y préstamos después de que la corte privara previamente a la Asamblea Nacional elegida de sus poderes constitucionales exclusivos en marzo de 2017.
La oposición de Venezuela dice que el decreto ignora el artículo 187 de la Constitución de 1999 que establece explícitamente que solo la Asamblea Nacional elegida tiene la autoridad constitucional para aprobar tales empresas conjuntas con entidades extranjeras.
Tres legisladores de la Asamblea Nacional le dijeron a Argus por separado que el decreto de Petrosur es ilegal e inconstitucional. También advirtieron a los accionistas de IPI que la empresa conjunta sería desautorizada y cancelada por un futuro gobierno.