“En Venezuela no se puede decir que hay una democracia cuando hay presos políticos”. El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha elevado el tono de sus críticas a Maduro en una entrevista al diario chileno El Mercurio, difundida a su llegada a Colombia, país que encabeza el frente de dureza hacia el régimen de su vecino.
Por Miguel González / El País de España
El lunes, en la rueda de prensa con el presidente chileno Sebastián Piñera, Sánchez evitó criticar al Gobierno venezolano, alegando que España no tiene “vocación de injerencia” en Iberoamérica. Se limitó a decir que compartía las palabras de su anfitrión quien, ese sí, cargó duramente contra Caracas. En la entrevista difundida ayer, Sánchez sí afirma que “el que haya presos políticos [en Venezuela] es el ejemplo máximo de que no se están respetando los derechos humanos”.
Antes de su reunión con el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, el presidente español ha querido dejar claro que “la discrepancia no es de diagnóstico, sino de solución al problema”. Es decir, el Gobierno español no minimiza la gravedad de la crisis venezolana, pero discrepa de que la salida pase por la imposición de sanciones y amenazas como la de llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya esgrimida por varios países latinoamericanos.
Recién llegado al poder, el Gobierno socialista aprobó la última ronda sanciones a Caracas por parte de la UE, que había sido negociada por el PP, pero a partir de ahí ha apostado por el diálogo entre los venezolanos y pretende que los socios europeos respalden esta línea.
Fuentes diplomáticas reconocen que la vía de diálogo impulsada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero está en vía muerta desde que en febrero pasado fracasaron las negociaciones de Santo Domingo, con la oposición fragmentada y el régimen cada vez más enrocado, pero critican a quienes se sientan a esperar que Venezuela colapse con una posible explosión de violencia. “Todo el mundo hace un diagnóstico, nadie propone una terapia”, se lamentan.
Mientras llega un acuerdo, lo más urgente es atender a la riada de venezolanos que huyen de la catastrófica situación del país: 2,3 millones desde 2014, 1,2 millones solo en Colombia. Sánchez ofrecerá hoy a Duque la participación de España en cualquier operación de ayuda humanitaria que los países vecinos de Venezuela pongan en marcha, con el respaldo de la comunidad internacional, para atajar un éxodo sin precedentes en América Latina que se ha transformado ya en una crisis regional.
Sánchez, que ya se reunió con Duque en Madrid en julio pasado, quiere conocer de labios del nuevo presidente colombiano sus planes para modificar los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, uno de sus principales compromisos electores y el que más recelo suscita en la comunidad internacional. Además, al contrario de lo que ocurrió en la negociación con las FARC, España quiere estar presente en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que Sánchez se ofrecerá como “facilitador” del proceso en el que caso de que Duque decida finalmente reanudarlas.
Ambos mandatarios abordarán, además, la disputa por el el galeón San José, hundido en 1708 cerca de Cartagena de Indias. La prevista adjudicación a una empresa cazatesoros aún no se ha producido y el Gobierno español, que reclama la titularidad del pecio al tratarse de un “buque de Estado”, confía en llegar a un acuerdo con el nuevo presidente colombiano. También tratarán el contencioso de Electricaribe, la filial de Gas Natural que el Gobierno colombiano intervino en 2016 y por la que la compañía española reclama más de mil millones de dólares ante el tribunal arbitral de la ONU.