El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula empresarial de Nicaragua, mostró hoy su apoyo al paro nacional contra el presidente Daniel Ortega mañana viernes, e instó al sector privado a sumarse a la protesta.
EFE
“Instamos a todas nuestras cámaras afiliadas a sumarse, junto con sus colaboradores, a la convocatoria de paro nacional de 24 horas”, comunicó el Cosep, en sus redes sociales.
Por su lado, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), en una declaración, también se sumó al llamado del paro nacional de mañana, e invitó a sus socios y colaboradores a sumarse.
“Instamos a nuestros socios a sumarse al paro por la paz, convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”, señaló.
El paro nacional fue convocado este jueves por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesta por empresarios, estudiantes, académicos, campesinos y sociedad civil, y que es contraparte del diálogo nacional con el Gobierno, para superar la crisis de Nicaragua, que ha dejado entre 322 y 481 muertos desde abril, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros.
El objetivo del paro nacional es presionar por la libertad de los “reos políticos” del Gobierno, calculados en al menos 135, pero que podrán ser entre 400 y 500 si se incluye a personas desaparecidas, según las organizaciones humanitarias locales.
En una entrevista con la Agencia Efe en Managua esta semana, el presidente Daniel Ortega negó que en el país haya presos políticos, y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.
El de mañana será el tercer paro nacional en Nicaragua contra el presidente Ortega, tras uno el 14 de junio, para obligar al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otro el 13 de julio, para mostrar su rechazo a la celebración anual sandinista conocida como “El repliegue”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega también negó dichas acusaciones, y ha sostenido que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.