El exprocurador de Nicaragua Alberto Novoa y el movimiento Observatorio Anticorrupción tramitaron hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la “Ley Antiterrorismo”, por considerar que da pie a que cualquier persona sea acusada y condenada como terrorista.
Según Novoa, esa ley está siendo utilizada por el Gobierno de Nicaragua para procesar a cientos de personas que han participado en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“Tiene una apertura enorme y permite al juez una gran discrecionalidad para calificar cualquier conducta como prohibida, y adecuarla al terrorismo, y las penas son altas, de 15 años”, dijo Novoa a periodistas, tras presentar el recurso.
Dos meses después del estallido social en Nicaragua, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (parlamento) amplió en julio pasado el concepto de delito de “terrorismo” con una reforma a la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La ley, tal como está y en el actual contexto político, “menoscaba los derechos, porque queda a discreción judicial si una persona es terrorista, y como ya sabemos, el proceso judicial está siendo empleado como arma política, es un arma muy dura”, alertó el exprocurador.
El recurso judicial presentado por Novoa fue respaldado por el Observatorio Anticorrupción, integrado por las organizaciones de sociedad civil Puente, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia.
De acuerdo con diversas organizaciones humanitarias en Nicaragua existen unos 300 a 400 “reos políticos”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”.
Ortega ha negado todas las acusaciones contra su Gobierno que, según él, es víctima de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
EFE