Por donde metamos la cabeza, estamos jodidos. Si no nos agarra el chingo nos agarra el sin nariz. El deterioro brutal de los servicios públicos en el país es una espiral que nos traga a su paso, y cada vez con más fuerza y velocidad.
Un problema conlleva a otro. Y mientras tanto, a nosotros, el pueblo, se nos va la vida intentando resolver la crisis que provoca el mismo gobierno con su ineficiencia y desatención. Estamos desamparados, a la buena de Dios. Quienes deben velar por nuestros derechos ciudadanos se hacen la vista gorda para no contradecir al maltratador mayor: el gobierno de Nicolás Maduro.
Me refiero al Defensor del Pueblo. Seguramente usted, al igual que yo, no sabe ni cómo se llama. Es tan gris su gestión que su nombre ni siquiera se escucha en alguna reunión oficial. No ha dicho ni media palabra para defendernos de la arremetida oficial. No se le ve ni la sombra. Me enteré que se llama Alfredo Ruíz Angulo y que lo nombró la constituyente en agosto de 2017. Ya ha pasado un año y seguro que no se ha leído los mandatos expresos que le da la Constitución, entre los que destaca claramente el punto 2 del artículo 281, donde se establece como su competencia directa: “velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos”.
¿Será que el Defensor del Pueblo no ha tenido tiempo de enterarse de las penurias que vivimos a diario en el país? Le hago un resumen entonces para que no peque por omisión. En el Zulia, y otros estados del interior del país, se viven cortes eléctricos que pueden sumar, en promedio, hasta 15 horas al día. Caracas también ha comenzado a ser afectada con la crisis. La poca comida que hay en las neveras se daña, el sector comercio colapsa porque se quedan sin puntos de venta, la población queda imposibilitada de hacer transferencias y los electrodomésticos se dañan con los constantes bajones de voltaje. Señor Defensor, ¿a quién le pasamos las facturas de las reparaciones que no bajan de 100 millones de bolívares? ¿Quién paga? ¿Por qué no obliga al gobierno, tal y como establece la Constitución, a resarcir los daños causados? ¿Acaso cree que la gente tiene una matica de reales en el patio de la casa? ¿Es usted cómplice abiertamente del atropello gubernamental?
A lo mejor usted no lo sabe porque no lo padece, pero con la crisis eléctrica se ha intensificado aún más la escasez de agua por la inconstancia en el sistema de bombeo. Comunidades enteras deben esperar un mes para recibir una hora de servicio y poder almacenar el líquido en cuanto pote consigan. En caso de que deban comprar el agua, tendrán que disponer de 180 millones de bolívares fuertes (1.800 soberanos) para comprar un camión. ¿Quién responde por estos gastos extras para solucionar un problema que genera el mismo gobierno?.
Señor Defensor, con la cacareada y manoseada reconversión monetaria, ¿no se ha dado cuenta que se ha traducido en un atraco a mano armada en contra de la población, donde el principal promotor de la agresión es el gobierno que ha subido exageradamente el precio de los productos y servicios? ¿No se da cuenta que se está vulnerando aún más la posibilidad, ya no de vivir, sino de sobrevivir, del pueblo?
Señor Defensor, entérese que la gente para todo, absolutamente para todo, debe pagarle a terceros si quiere solucionar sus cosas: apostillamientos, pasaportes, pasajes, Cantv, suministro de agua, para conseguir alimentos regulados que escasean, el puesto para comprar la batería del carro y todo lo que le pase por la cabeza. Los pagos son en dólares o, como dicen sin pudor, su equivalente al cambio del día.
Esto es sólo un brevísimo resumen de la roncha que pasamos los venezolanos a diario mientras usted mira hacia el otro lado. Podríamos hablar de la recurrente violación de los derechos humanos por parte del gobierno cuando expone a los pensionados y jubilados a pasar horas en colas interminables para ver si corren con suerte, se alinean los astros y puedan converger en el mismo momento la luz y el efectivo. ¡Eso es casi un milagro! Podríamos hablar también de la violación de los derechos humanos cuando nuestros enfermos se mueren por falta de medicinas o porque los equipos para hacerse sus tratamientos en los hospitales están dañados y ni qué decir de la existencia de presos políticos, pero que seguramente en su sensibilidad chavista, eso sería suficiente para pintar mi reclamo de algún color.
¿Qué espera, señor Defensor, para asumir sus obligaciones de ley? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar los venezolanos para que nos tire una palomita? Usted no peca por omisión sino con premeditación y alevosía. Nosotros estamos en todo el derecho de reclamarle que actúe de una buena vez en defensa de nuestros derechos, porque si no se ha enterado, el pueblo, al que usted debe representar y defender, muere de mengua, mientras usted sigue recibiendo un sueldo y beneficios que pagamos todos nosotros.
Gladys Socorro
Periodista
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