Foto: REUTERS/Gil Montano
La trama de la compleja nacionalización de una siderúrgica del grupo argentino Techint decretada en 2008 por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, destaca en el auto de procesamiento que este lunes dictó un juez contra la exmandataria argentina Cristina Fernández.
El juez Claudio Bonadio procesó a Fernández y a otras 40 personas, entre exfuncionarios y empresarios, por una presunta red de sobornos, en su mayoría, ligados a la obra pública en Argentina, pero la resolución también incluye el traumático proceso de la nacionalización de Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Según el juez, los funcionarios que integraban la asociación ilícita para recaudar dinero durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández (2007-2015), además de usar “la sola mención de sus cargos para obtener la entrega indebida de dinero, utilizaron diferentes maniobras ilícitas para lograrlo”.
“Entre ellas corresponde destacar los sucesos ocurridos con el grupo Techint en relación a su empresa Sidor”, dijo Bonadio en su resolución.
Según el fallo, Techint “realizó diversos pagos a funcionarios del Estado nacional en relación a Sidor, debiendo destacar que muchas de estas entregas de dinero coincidían con los días que era entregado dinero a Daniel Muñoz” (secretario personal de Kirchner) en el apartamento de Fernández en el barrio capitalino de Recoleta.
Gran parte de lo referido a Sidor en esta causa surge de la declaración ante el juez de Luis María Betnaza, director corporativo de Techint, el mayor conglomerado industrial de Argentina.
El empresario, que hoy fue procesado por Bonadio, declaró que en noviembre de 2005 en Mar del Plata, en el marco de la Cumbre de las Américas, se reunió con Chávez, Kirchner y Fernández, ocasión en el que el mandatario venezolano aseguró que Sidor no sería nacionalizada porque “estaban contentos con su desempeño”.
Betnaza declaró que entre 2003 y 2005, cuando la relación de Techint con el Gobierno de Kirchner era buena, “la relación con el régimen chavista fue razonable” y el grupo hizo “enormes inversiones” en Sidor.
Pero a finales de 2005, según su relato, se empiezan a ver los primeros “ataques por parte del régimen chavista”, lo que motivó que Techint pidiera al Gobierno argentino que intercediera ante Chávez “ante el peligro de nacionalización” y en ese contexto se realizó la reunión de Mar del Plata.
En 2007, en tanto, Techint entra en conflicto con el Gobierno de Kirchner por discrepancias en torno a obras de un gasoducto en el norte de Argentina y, según Betnaza, “a partir de ese momento se agravan los conflictos con Venezuela”, Chávez trata de “corruptos” a Techint y anuncia que va a nacionalizar Sidor.
Según el empresario, a ello siguió una escalada de “virulencia” contra la empresa que llegó a la “violencia física”.
Betnaza cuenta que, poco antes de la nacionalización, estando en Venezuela, el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales de Argentina, Claudio Uberti, le manifestó el “enojo” de Kirchner porque Techint “no contribuía económicamente” con su Gobierno.
“Ustedes no nos aportan nunca nada y el presidente Kirchner está muy enojado”, dijo Uberti según el empresario, quien le respondió: “El grupo Techint no hace negocios nunca con la política”.
Kirchner canceló entonces una visita programada a Sidor y regresó a Argentina y esa fue la “señal” para Chávez de que “tenía vía libre” para expropiar, cosa que sucedió poco tiempo después.
En abril de 2008 se declara finalmente la nacionalización de Sidor y, según Betnaza, Chávez y los “entes nombrados por él comienzan un hostigamiento” orientado a involucrar a la empresa en incumplimientos impositivos, ambientales y laborales.
Todo esto con el fin de “bajar el precio de la indemnización” por la expropiación de la compañía y para involucrar a los ejecutivos argentinos en acciones penales”.
“En el marco de esto es que pedimos ayuda al Gobierno nacional. Esto fue entre febrero y marzo de 2008”, relató el empresario, quien recurrió al entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, y a otros funcionarios de esa cartera.
Afirmó que entonces los interlocutores del Gobierno pidieron “un aporte” a Techint por las gestiones implicaban “gastos que el Gobierno argentino no tenía por qué afrontar”.
Betnaza alegó que la empresa accedió “por una cuestión humanitaria”, “por el peligro” que corrían los ejecutivos argentinos en Venezuela, y el dinero -“menos de un millón de dólares”- surgió de los dividendos de los accionistas de Techint.
En forma paralela, se negoció el monto de la indemnización “con la intervención de Cristina Fernández en varias reuniones” y quedó fijada en 1.970 millones de dólares, aunque la forma de pago se acordó luego con Alí Rodríguez, ministro de Energía venezolano, a quien Betnaza recuerda por su “honestidad intelectual notable” para con él.
EFE