Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de la constructora brasileña, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
ANDREINA ITRIAGO
Al final del gobierno de Alejandro Toledo (Julio 2001- Julio 2006) en Perú, su difícil relación con el entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez, llegó al punto más álgido. En mayo de 2006, Toledo finalmente retiraría a su embajador en Caracas por la que, aseguró, era una “persistente y flagrante intromisión” de Chávez en asuntos internos.
A pesar del hiato diplomático, y sin que quizás ninguno de los presidentes en Lima y Caracas y ni siquiera los propios hombres de negocios estuvieran conscientes de ello, un grupo empresarial continuó siendo un canal de interconexión de los entornos de Toledo y Chávez.
Los nombres claves del grupo eran los del empresario peruano-israelí, Yosef Maiman, y su mano derecha y compatriota, Sabih Saylan.
En junio de 2006 el presidente Alejandro Toledo, según ha establecido a posteriori la justicia peruana, empezó a recibir pagos millonarios en dólares de la constructora brasileña Odebrecht a través de las cuentas bancarias de tres empresas offshore controladas por Yosef Maiman.
Al mismo tiempo en Venezuela, Sabih Saylan –como Maiman, también investigado e imputado en Perú por su papel de intermediario en el caso de las coimas de Odebrecht- figuraba como administrador de la filial del Grupo Merhav, un conglomerado de empresas especializado en el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala, que Maiman fundó en 1975, en Israel, y del que a sus 72 años es presidente y director. A Merhav le había sido asignada la ejecución de varios proyectos del Gobierno venezolano.
Pero no era ese el único vínculo con Venezuela del grupo que en Perú fue cómplice, como intermediario, de los pagos que hoy mantienen al expresidente Toledo como prófugo de la justicia.
Ya tenían negocios en el país caribeño, que compartían con los ejecutivos de una de las más importantes operadoras de TV por cable y telefonía, Intercable (hoy bajo la marca Inter).
Esos negocios no habían dejado una estela visible en ninguna parte excepto, por ironía, en la hermética discreción del bufete panameño Mossack Fonseca.
El 10 de febrero de 2017, según ahora se sabe por la filtración de los llamados Panama Papers –recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washington DC-, un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), destinado para las autoridades contra legitimación de capitales de Islas Vírgenes Británicas, circuló por el correo interno de Mossack Fonseca y encendió, tardíamente sin duda, las alarmas dentro de la sucursal del bufete en Tortola, la capital del archipiélago y de uno de los paraísos fiscales más impenetrables del mundo.
La circular alertaba sobre las actividades de un grupo de firmas offshore: Vision Investments Equities INC., Caribbean Pressing LTD., Latin American Group Investments INC., New Age Communications INC. y CIT Management Corp. También mencionaba a los accionistas y beneficiary owners de las compañías: Alberto Imar y Eduardo Stigol, ambos ciudadanos argentinos, director y presidente de Inter Venezuela, respectivamente; Leo Malamud, María Luisa Watson y, cómo no, los ya mencionados cómplices del presidente Toledo, Yosef Maiman y Sabih Saylan.
Sobre todos ellos, aseguraba el informe, recaía la sospecha de estar incursos en lavado de dinero.
“Supuestamente están involucrados con el coloso brasilero de la construcción, Odebrecht S.A., y su filial petroquímica, Braskem S.A.”, advertía el documento, que fue enviado a la dirección de la Agencia de Investigación Financiera en las Islas Vírgenes Británicas.
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