Los representantes del Bloque Parlamentario del estado Lara, Guillermo Palacios y Teodoro Campos, conjuntamente con el exgobernador larense Orlando Fernández Medina y el exmagistrado Jorge Rosal, del Frente Amplio Venezuela Libre, solicitaron ante la Fiscalía Superior de esa entidad federal investigar la detención arbitraria por funcionarios policiales del diputado por el estado Zulia Juan Pablo Guanipa.
Señaló Palacios que dicha investigación no debe circunscribirse sólo a los agentes policiales que ejecutaron la orden, sino que también la responsabilidad recae en aquellos funcionarios que ordenaron tal acción, por lo cual pidieron se averigüé la participación que pudieran tener en este hecho el alcalde de San Francisco Dirwings Arrieta y el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto.
En este contexto, el diputado Teodoro Campos destacó que estos hechos tienen carácter penal pues se violentó la inmunidad parlamentaria que protege a su colega Guanipa al formar parte de la Asamblea Nacional (AN) de acuerdo a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución que establece que los diputados ante la AN “…gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato”.
Advirtió Campos que la actividad que realizaba Guanipa en el municipio San Francisco se relacionaba con el lícito ejercicio de sus funciones, conversando con la ciudadanía y realizando un acompañamiento social en relación a las múltiples carencias que evidentemente sufre el pueblo venezolano.
Por su parte, Jorge Rossel exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en Lara, explicó que el artículo 200 de la Constitución concluye con esta clara y certera orden: “Los funcionarios públicos que violen la inmunidad parlamentaria de los integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados conforme a la ley”.
Agregó Rossel que el mandato constitucional impone la obligación del órgano titular de la acción penal que es el Ministerio Público, investigar y reunir los elementos de convicción necesarias para acusar a quienes de manera alevosa violentaron una de las instituciones emblemáticas de un Estado de Derecho como lo es la inmunidad parlamentaria.
Rossel hizo mención además que el artículo 176 del Código Penal que prevé que el funcionario público que, con quebrantamiento de las formalidades prescritas como las antes aludidas establecidas en la Constitución, privara de su libertad a algún funcionario por razón de sus funciones, será castigado con prisión de tres a cinco años.
“Sin duda tal delito fue cometido por los funcionarios policiales que apresaron al legislador Juan Pablo Guanipa al detenerlo ilegalmente en la Comandancia de Policía del Municipio San Francisco”, aseveró finalmente.