El Gobierno de Perú anunció que acatará la resolución judicial que anuló este miércoles el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó que sea capturado para su ingreso a prisión.
“Como Gobierno somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, que implica el acatamiento irrestricto de sus fallos”, señaló el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) en un comunicado.
Agregó que en Perú “prevalece el Estado de derecho con pleno respeto a la autonomía de los poderes y vigencia de los derechos y libertades fundamentales”.
El MinjussDH señaló que “en todo momento ha mostrado predisposición a los requerimientos de las autoridades judiciales para una debida y oportuna administración de justicia”.
“En ese sentido, ratificamos nuestra firme posición de sometimiento a la Constitución y a las normas vigentes, la institucionalidad de los órganos que administran justicia, quienes actúan de acuerdo a sus facultades y atribuciones constitucionales”, concluyó.
El juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, declaró hoy fundado un pedido “de no aplicación” del indulto y dio una orden de “ubicación y captura” para que Fujimori “sea reingresado al establecimiento penitenciario” que determine la autoridad a cargo.
El juez declaró fundado un pedido “de no aplicación” del indulto y dio una orden de “ubicación y captura” para que Fujimori “sea reingresado al establecimiento penitenciario” que determine la autoridad a cargo, agregó.
La decisión, emitida en una sentencia de 225 páginas, señaló que “carece de efectos jurídicos” la resolución de indulto que otorgó el 24 de diciembre pasado el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori por “razones humanitarias”.
Al respecto, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez, declaró que su patrocinado está “bastante consternado” con la orden judicial, aunque dijo que el fallo “es acatable” desde el punto de vista jurídico, pero lo apelará de inmediato.
Al indultar a Fujimori, Kuczynski alegó “razones humanitarias” debido a las dolencias que afectan al exgobernante, de 80 años, quien padece de lesiones precancerígenas en la lengua, además de hipertensión y dolencias estomacales.
Sin embargo, la decisión fue cuestionada porque estaba cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad y fue otorgado poco después de que un grupo de legisladores disidentes del fujimorismo liderados por Kenji, el hijo menor del exmandatario, evitaran que se apruebe un pedido de destitución de Kuczynski por el Congreso.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, respectivamente, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en abril de 1992.
EFE