El TSJ en el exilio no escaparía al uso del engaño como fórmula de distracción, una estrategia cuyos inicios se remontarían a la selección de los Magistrados que integran ese órgano judicial con notorias fisuras, las cuales elevan el riesgo de que paguen justos por pecadores y que el anhelado respaldo internacional se disipe en lugar de impulsar la recuperación de la democracia en Venezuela.
El tema de la legitimidad, también el de la competencia, traducida en ineficacia, como lo coactivo, son flancos débiles, en cuya consideración todo suena a doctrina, no a la práctica ni a la realidad que vivimos, escenario donde el principio R2P se asumió “como estrategia de lucha” partiendo de una falacia, sugiriendo falta de juicio en ese supuesto máximo tribunal, una burla al venezolano medianamente pensante, como lo es, igualmente, la sentencia condenatoria, no dictada, a Maduro.
Estaríamos ante otra de las facetas del vagabundaje judicial. La punta del iceberg son Thomas Alzuru y Alejandro Rebolledo, cuyas actuaciones no sólo despiertan suspicacias sino que afectan la majestad de ese TSJ en el exilio y fortalecen, para despecho de muchos, las razones por las cuales la comunidad internacional no ha dado un decidido respaldo a sus decisiones.
¿Si Alzuru y Rebolledo se valen de su investidura de Magistrados para ejercer ilegalmente como abogados en EEUU, qué pudiesen pensar las autoridades de ese país, los ciudadanos de esa nación, viendo que tan altos representantes de nuestro Poder Judicial no han cumplido ni con los requerimientos mínimos para ser asistentes legales en esa jurisdicción?
La respuesta a esa pregunta complica la descalabrada percepción del TSJ en el exilio. No todos serían Magistrados Honorables. Verlos como Bloque Constitucional de Venezuela, utilizando “Razones de la legitimidad”, “11 amarradas a la reciente formula aprobada por las Naciones Unidas de Responsabilidad de Proteger la población R2P”, partiendo de una falacia, reafirma la falta de honor en esa instancia de alzada.
“…son 12 razones, cuando se lee la primera y principal se evidencia la falacia: El procedimiento de elección de los 13 magistrados principales y 20 suplentes hecho en el 2017 NO FUE HECHO CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN. Esa es la falacia, ese es el engaño.”
Opinión del Abogado constitucionalista, Ángel Bellorín, que extrapolada al campo político, coincide con lo reiterado por el notable escritor, Abogado y Profesor universitario larense, Leonardo Pereira Meléndez:
“…en la elección de los Magistrados por la AN, hubo componendas políticas. Privaron intereses políticos, particulares y no colectivos. No niego la capacidad jurídica ni académica de algunos, pero si pongo en tela de juicio las credenciales morales y éticas de varios, que se desviven por el color verde ($$$) y no por el color de la transparencia. Muchos utilizan su sapiencia para beneficio propio, y no para el país.”
Es “una realidad que por evidente no podía seguir ocultándose con buenas intenciones”, insiste Bellorín. Se omitieron disposiciones constitucionales y legales, las actas que no firmaron Rebolledo y Alzuru, el desinterés de Evelyna del Carmen D’Apollo, Gonzalo Antonio Álvarez y Gonzalo José Oliveros, entre otros, así lo confirman, negando la posibilidad de hablar de Sala Plena como condición sine qua non para decisiones ajustadas a Derecho, por ejemplo.
Evidenciada “la manera desvergonzada como están actuando”, es comprensible la exigencia del joven dirigente político Juan Carlos Gómez: “Les pido como ciudadano dejen de engañar y caerle a mentiras al pueblo”. Al respecto, lo dicho por Joaquin Chaffardet, Abogado e Internacionalista, es categórico:
“Este teatro solamente tendrá como resultado, entre los venezolanos, una nueva frustración producto de un engaño deliberado. Y los responsables de ese engaño… son aquellos de los electos por la Asamblea Nacional, que se han prestado a esa especie de sainete que es el supuesto “Tribunal Supremo de Justicia Legítimo”. El engaño a los venezolanos es deliberado, intencional, hecho a conciencia, que es lo que provoca repugnancia.”
En este contexto, los argumentos de legitimidad, de competencia (que abordaremos en próximas entregas), esgrimidos por los miembros del TSJ en el exilio parecen válidos, pero no lo serían. En todo caso, estaríamos ante una verdad jurídica sin efectos prácticos, decisiones ineficaces lo ponen de manifiesto y dejan claro que en tan alta instancia “fallan el compromiso con su pueblo”.