El Tribunal Supremo de Francia anuló hoy la decisión de un tribunal de Aix-en-Provence que había eximido a la certificadora TÜV Rheinland de responsabilidad por no alertar de las prótesis mamarias defectuosas fabricadas por el francés PIP, un caso que afectó a cerca de 400.000 pacientes, reseña EFE.
La Justicia ordena ahora la apertura de un nuevo proceso para la empresa alemana y reenvía el caso al Tribunal de Apelación de París, una decisión muy esperada por las 20.000 víctimas de estos implantes, portadores de un gel fraudulento, representadas por la asociación PIPA World.
TÜV certificó la distribución de estas prótesis tras realizar trece controles en los locales de PIP entre octubre de 1997 y enero de 2010 sin haber constatado errores en la reglamentación.
Según el Supremo, el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence no tuvo en cuenta elementos esenciales, pese a los indicios que indicaban fallos en los controles.
Así, la máxima autoridad judicial se pronunció en el mismo sentido que la corte comercial de Tolón (sureste de Francia), que ordenó a la sociedad alemana compensar a las víctimas de PIP.
“Es una victoria no solo para las víctimas, también para la Unión Europea. Esta decisión histórica obligará a las certificadoras y a sus aseguradoras a mantenerse especialmente alerta en sus controles de dispositivos médicos”, señaló en un comunicado la asociación PIPA World.
Su abogado, Olivier Aumaître, dijo en la emisora “France Info” que estiman que hay 400.000 pacientes afectados por estos implantes y calculó que la compensación que TÜV tendría que pagar asciende a entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros, pues ésta debe pagar a cada uno de las decenas de miles de denunciantes entre 10.000 y 20.000 euros.
La organización espera que esta nueva decisión judicial tenga efectos positivos en el refuerzo de la seguridad de los productos en Europa y lamentó que, en lugar de proceder al pago de indemnizaciones, TÜV “haya preferido gastar millones en abogados, comunicación” e intentos de extorsión a las víctimas.
En una nota transmitida a la prensa, la abogada de TÜV Rheinlandm, Cécile Derycke, se mostró confiada en que “la jurisdicción volverá a pronunciarse a favor de la sociedad” e insistió en que el Supremo no resolvió la cuestión de la responsabilidad.
La alemana incidió en el “fraude sistemático” que “durante años” llevó a cabo el fabricante PIP, engañando a las autoridades francesas y a sus controles, que delegó en una filial.
En 2017, el Tribunal de Comercio de Tolón decidió la designación de peritos para fijar el perjuicio sufrido por las mujeres, que como mínimo recibirán 3.000 euros (unos 3.180 dólares al cambio actual), según explicó a Efe el abogado Laurent Gaudon, representante del colectivo de afectadas.
Gaudon precisó que entre las más de 20.000 denunciantes hay unas 7.000 de países latinoamericanos, en particular colombianas y venezolanas.