El sorpresivo cambio de la política diplomática española ante la dictadura de Maduro ha provocado una ventolera, como era de esperarse. La martirizada sociedad venezolana, abrumadoramente opositora, ha quedado estupefacta por el inesperado giro de la política exterior de la actual administración de La Moncloa, que coloca una bombona de oxígeno a la acorralada y asfixiada dictadura de Maduro.
De repente, sin que medie ninguna señal de apertura de ese siniestro narcoestado, y más bien cuando arrecia su represión y el mundo está conmovido por el asesinato en prisión del concejal Fernando Albán, el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia que va a intentar revivir la parodia de diálogo que ya experimentó capítulos dolorosos para el pueblo venezolano y de frustración y engaño para varias cancillerías latinoamericanas e inclusive para el propio Vaticano, burlado por los negociadores maduristas, a pesar de su milenaria sabiduría y su elevada credibilidad.
Y no solamente eso, sino que despertó una sonora alarma la supuesta idea de promover esa farsa de diálogo en sustitución de las sanciones que la Unión Europea ha aprobado en amplio consenso contra los principales capitostes del régimen, vinculados por enrevesados nexos a la droga y el terrorismo y que se han enriquecido groseramente robando el erario público.
Los demócratas venezolanos esperamos que ni el pueblo español, ni el resto de los países de la UE, procediendo desde su profunda entraña humanista y democrática, acompañen tal despropósito, teniendo como auspiciosa, ya, la tranquilizadora exposición del ministro de Exteriores Borrell ayer en Luxemburgo, quien en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez se esmeró en aclarar que en esta materia no habrá vuelta atrás. Debe quedar, por cierto, muy claro que las sanciones en ningún caso son contra Venezuela, sino contra los individuos perfectamente identificados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Recordamos que España, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, con ancho respaldo de partidos como el PP, Ciudadanos y PSOE, e incluso de vascos y catalanes y de comunidades andaluzas, gallegas, canarias, es decir, España toda, tuvo una posición de liderazgo en la adopción de una posición europea firme y común en pro del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Que fue desde España desde donde se inició la cruzada hacia toda Europa hasta lograr «europeizar el caso venezolano» y persuadir a muchos gobiernos de la Unión de que admitieran que en nuestro país no hay una dictadura convencional, sino una narcotiranía que ha secuestrado todos los poderes públicos, ha desmontado el Estado de Derecho, ha liquidado principios muy caros para una sociedad como el de propiedad y el de libertad de expresión y mantiene a centenares de ciudadanos como presos políticos, sin derecho a un proceso judicial justo.
En toda esta opereta, aparece siempre la mano del ex presidente Zapatero. En los cuatro años que él lleva fungiendo -aparentemente de mediador, pero realmente como un defensor del régimen de Maduro- la crisis venezolana se ha agravado exponencialmente hasta su actual dimensión de emergencia humanitaria, con millones de venezolanos huyendo de la miseria y la violencia.
Los demócratas venezolanos, con tantos vínculos con lo mejor de la tradición democrática española, cuyas luchas hemos apoyado siempre, tenemos derecho a exigirle al Gobierno de Pedro Sánchez que no se guíe frente a Venezuela por los vínculos que pueda tener Pablo Iglesias con esa dictadura, sino por el amplio consenso español que, incluyendo a los presidentes González, Aznar y Rajoy y a líderes como el propio Sánchez y Rivera, llevó a España a asumir el liderazgo que le correspondía en la Unión Europea, en procura de una solución a la crisis venezolana mediante la presión política, diplomática, económica, y hasta policial contra un régimen que, tomado por la delincuencia organizada, cerró todas las vías democráticas y clausuró las civilizadas vías del diálogo.
El régimen de Maduro tiene el rechazo abrumador de ese pueblo que él martiriza. Y el rechazo activo de todo el hemisferio, con las llamativas excepciones de los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Bolivia. Aspiramos a que España, la democrática y libertaria Madre Patria, no se convierta por una extraña pirueta política en la bombona de oxígeno a una dictadura acorralada. Lo que sí debería hacer España es respaldar, como Colombia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Canadá y Francia, el juicio contra Maduro en la Corte Penal Internacional.
Publicado por elmundo.es