Alrededor de 500 indígenas yukpa de Venezuela cruzaron la frontera para buscar arroz en Colombia. La siembra de tres meses apenas les daba para comprar una libra, que duraba ese tiempo si se comía una ración cada dos días. Ahora, del otro lado, les toca sobrevivir al cruce de balas de las organizaciones criminales que se disputan el control de los negocios ilícitos de la zona. Por eso, buscan que el Gobierno los reconozca como pueblo binacional y les brinde condiciones de vida dignas. Así lo reseña infobae.com
Por Adriana Chica García
La etnia habita un complejo montañoso que comparten Colombia y Venezuela llamada Serranía del Perijá. Pero no tiene nacionalidad de ninguno de los dos países. Sus miembros nunca fueron anotados en ningún registro civil ni tienen documentos. Según las normas internacionales, son considerados apátridas.
Los yukpas son una de las pocas etnias en el mundo que aún son nómadas y guerreras. Cazan y cultivan su alimento, y se mueven cuando las condiciones lo ameritan. Y la crisis humanitaria del régimen de Nicolás Maduro los estaba matando. Era tiempo de volver a moverse. Entonces se radicaron en los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira.
Llegaron por el rumor de que en Colombia había arroz. Tres días de viaje en caminatas, buses y hasta burros. Buscaban también asistencia médica para sus embarazadas y para sus niños que padecían sarampión o cualquier otra afección. Pero se encontraron con otro idioma -pues la mayoría no habla español, sino su lengua nativa: yukpa-, con represión policial y con amenazas de muerte. Se hallaron en lotes baldíos cerca de riachuelos o debajo de puentes en improvisados cambuches de palo y plástico, durmiendo sobre cartón.
Hace unos meses dos de sus niños murieron por gastroenteritis y un paro cardiorrespiratorio, asociados a la desnutrición. Y a eso se suma la violencia armada. Estas zonas de frontera son disputadas por las organizaciones ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC, Los Rastrojos y el Clan del Golfo, que buscan el control de las rutas de contrabando y del tráfico de droga. Las balaceras ocurren a plena luz del día, e intentan reclutarlos a la fuerza.
Una noche de mayo, los cerca de 250 indígenas que habitan en un refugio en el barrio Nuevo Escobar de Cúcuta, ubicado al cruzar el puente internacional Francisco de Paula Santander -que comparten Colombia y Venezuela-, fueron atacados por hombres armados que dispararon sin discriminación. “Corrimos al otro lado de la calle y allí amanecimos”, contó a Infobae Brinolfo Romero, un indígena yukpa que aseguró que días más tarde un muchacho fue golpeado cuando un grupo armado intentó llevárselo.
Además, dos indígenas están desaparecidos desde aquella vez; según denunció en su momento el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) que pidió reubicarlos. En vista de la negativa de las autoridades y la falta de protección ante las amenazas, la comunidad decidió regresar a Venezuela en junio, pero la crisis humanitaria los obligó a devolverse otra vez. “Allá estábamos pasando penurias, no hay alimentos, teníamos hambre”, comentó Romero. Así, las familias quedaron divididas, y se pasan de un territorio a otro para intercambiar los alimentos que los ayudan a sobrevivir.
Eso les trajo otro problema: la policía fronteriza los tilda de contrabandistas, porque algunos son utilizados por las redes criminales y otros cargan por los pasos legales e ilegales bolsas de carne y otros elementos para poder subsistir. Las confrontaciones con las autoridades son constantes. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha denunciado desalojos forzados y violentos que terminan en fuertes enfrentamientos entre los indígenas y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Para ellos, esto demuestra la ausencia de enfoque étnico en las estrategias para contener la migración masiva, sumado a actos de discriminación y xenofobia. “Hay que entender que en la cosmovisión del pueblo Yukpa toda la Serranía del Perijá, donde habitan, es un solo territorio; ellos no distinguen fronteras entre Colombia y Venezuela. Por eso piden ser considerados como un pueblo binacional”, explicó a Infobae Óscar Montero, coordinador del enlace de Derechos Humanos de la ONIC.
Al no tener documentos de ninguno de los dos países, los yukpa no pueden adquirir el status de refugiados. Los gobiernos de Colombia y Venezuela deben llegar a un acuerdo de protección que ofrezca cada uno a esta comunidad. Y tal como ocurre en la etnia Wayuu, de La Guajira, que también comparte ambos territorios, sin que tengan fronteras entre las dos naciones sudamericanos.
Los yukpas esperan recibir el mismo tratamiento. Por eso, el pasado 2 de mayo dos caciques yukpa -con apoyo del SJR- presentaron una tutela al Estado colombiano para garantizar sus derechos y una atención humanitaria de emergencia. “Mediante varias acciones se ha logrado que el Gobierno les brinde acceso a salud. Pero hacen falta solventar otras necesidades como la vivienda, la sanidad, la educación”, comentó Montero.
Pese a la evidente situación crítica que enfrenta los yukpas, el juez negó la tutela en primera instancia. Decidieron impugnar la decisión, y tampoco lo lograron. Alegaron que esa acción jurídica no era la adecuada para exigir la defensa de sus derechos. Entonces, el SJR se unió con Dejusticia y la ONIC para pedir una revisión del caso a la Corte Constitucional, entregada el pasado 22 de agosto.
“El Estado adelante medidas de “retorno digno”, consistentes en transporte hasta un municipio fronterizo y la entrega de dinero y alimento para el viaje de regreso a sus lugares de origen, pero esto no garantiza que la lamentable situación que enfrentan las comunidades indígenas se resuelva. Sus constantes regresos a Cúcuta se deben a la escasez de recursos en su territorio”, describen las instituciones.
Argumentan que la situación implica una medida de protección urgente para ofrecer a los yukpa una vida digna, sin desconocer que también son víctimas del conflicto armado. Y alegan que la decisión del juez desconoce precedentes de la Corte y de instancias internacionales sobre las poblaciones migrantes y la atención humanitaria a comunidades étnicas.
Y no son los únicos que hacen la solicitud. La directora para las Américas de Amnistía Internacional Erika Guevara Rosas, ha manifestado que “las autoridades colombianas han fallado en su responsabilidad de brindar protección y en garantizar la vida, integridad y reubicación digna del pueblo indígena Yukpa en Cúcuta. Desgraciadamente, en vez de proteger su pervivencia cultural, están forzando su retorno a Venezuela, vulnerando su derecho a permanecer en el país con la protección y asistencia debida”.
La ONIC viajó a Ginebra a exponer el caso ante las Naciones Unidas, y también lo presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras, Colombia envió una solicitud al gobierno de Venezuela para un acuerdo binacional para su protección; la respuesta aun no llega y las relaciones diplomáticas de ambos países empeoran cada vez más. Y los yukpas siguen sometidos a la inclemencia del clima, al hambre, a las balas y a la indiferencia.