El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), será interrogado el 14 de noviembre en relación a otro caso de la investigación Lava Jato en el que se le acusa de corrupción y lavado de dinero.
AFP
El interrogatorio será presencial y conducido por la jueza Gabriela Hardt, que comanda ahora la operación anticorrupción Lava Jato en sustitución de Sérgio Moro, que aceptó ser ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro.
Lula debe responder por el presunto beneficio de reformas pagadas por grandes constructoras entre 2010 y 2014 en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo, atribuida “de facto” al exmandatario de izquierda (2003-2010) a cambio de contratos con Petrobras.
La defensa de Lula mantiene su inocencia, asegura que la propiedad no le pertenece e insiste en que la denuncia es parte de una campaña de acoso político-judicial.
La jueza Hardt, sustituta de Moro en el tribunal de primera instancia a cargo de las investigaciones, interrogó esta semana sobre el caso al empresario Marcelo Odebrecht, que tiene un acuerdo de “delación premiada” con la Justicia.
Odebrecht, entonces presidente de la constructora Odebrecht, afirmó que las reformas en la hacienda estaban relacionadas con “la persona física” de Lula.
Lula purga desde el 7 de abril una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, como beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guaruja, igualmente a cambio de su mediación en contratos de Petrobras.
Además de estos dos casos, Lula, de 73 años, tiene otros cuatro procesos en la justicia. Se declara inocente en todos y denuncia una persecución judicial.
El expresidente está recluido en una celda solitaria en la sede de la Policía Federal de Curitiba.
El miércoles conversó por cerca de tres horas con Fernando Haddad, el excandidato de su Partido de los Trabajadores (PT), que fue derrotado por el ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre.
Fue la primera vez que Haddad y Lula conversaron tras los comicios.
Lula era el favorito en todos los sondeos realizados hasta que su candidatura fue impugnada, a causa de su situación judicial.
La defensa de Lula volvió a pedir su liberación y la suspensión de las causas en su contra en manos de Moro después de que éste aceptara ser ministro de Bolsonaro, por presunta parcialidad.
“Lula es víctima de una cacería judicial desencadenada por un agente con toga (…) que buscó anular sus libertades y derechos”, afirmaron sus abogados.
Moro replicó el martes, en una conferencia de prensa, que Lula “fue condenado y encarcelado porque cometió un crimen y no a causa de las elecciones”.