De vez en cuando saltan a la vista los necesarios refrescamientos de las ideas centrales del manejo del Estado. Especialmente, ahora, cuando se vislumbran bajo la mesa acuerdos secretos acerca de la gestación de una incógnita Constitución renovada, alineada con los intereses de los déspotas en el poder. Una de las primeras recordaciones tiene que ver con la “Protección de Esta Constitución”, según reza el título VIII de la misma. Un texto que plantea su propia protección y obliga a su defensa. Algo se olfateaban sus hacedores acerca de lo que podía ocurrirnos en el futuro inmediato, luego de escrito y promulgado el conglomerado de palabras.
En ese acuerdo de todos los ciudadanos venezolanos que es el texto a proteger, según él mismo estipula, es brevísima la referencia a la Fuerza Armada Nacional, pero también es muy clara. Ésta es (debería ser) una institución, además profesional (lo que debería significar algo así como sin quistes o entrometidos no formados, o sin cabida a milicias o milicianos, o paramilitares o colectivos que hacen veces de lo que no son, por ejemplo), sin militancia política (con lo cual quedarían fuera vestimentas alusivas a partidos de gobierno o, incluso contrarios, en sus colores; quedan execrados de ella, sin dudas, pañuelitos rojos, con o sin gallos, sin hoces y sin martillos, en trajes y mentes). Deben estar, también, al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona (incluye a quien hace las veces temporalmente de presidente) o parcialidad política alguna (fíjense que hasta al PSUV está excluido).
Por otra parte, también sustancial, esta Fuerza Armada debe “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico…” Este es uno de los deberes que quedan más en entredicho en cuanto a su cumplimiento hoy en día, si uno elabora penetraciones directas e indirectas de agentes cubanos, iraníes, rusos, chinos, y otros que sin ser representantes de países están comprometidos con organizaciones de la más baja ralea delictiva, incluso vinculadas al terrorismo o el narcotráfico internacional. Esto ocurre generalmente de manera muy velada o hasta incógnita. Sin embargo, otras de esas obligaciones lucen por su visibilidad: el Esequibo a la deriva o la más reciente incursión de un grupo guerrillero que se hizo sentir (porque hay unas, algunas, denunciadas con recurrencia, imperceptibles para los mundanos ciudadanos en cola), en Puerto Ayacucho, con varios miembros de nuestra Fuerza Armada muertos, otros heridos y todos sentidos en su vulnerabilidad. Se han gastado bromas al miembro de esa Fuerza que hoy ocupa y durante mucho el Ministerio, cuando pidió, por favor, que se salgan de aquí, como quien procura espantar afablemente un perro conocido, familiar. Esto cuando está estatuido que: “la atención en las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación”.
Otra obligación importante e incumplida es la de “reglamentar, controlar… la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”. Esto en la suposición de que ya se ha aclarado suficientemente con anterioridad que: “Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra”. ¿Dónde será que se aplica este texto constitucional? Aquí no es. Abundan armas y se usan malamente a diestra y siniestra. ¿Será por esto entre otras fallas que quiere reformarse y ablandarse la Constitución?
Y uno se pregunta: ¿Pero… cuál es la falencia en una organización que está diseñada constitucionalmente en competencias que deberían brindarnos una excelsa seguridad física y mental y no lo hace? Véase: “El ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación”. Sin embargo, la “Nación” luce de lo más indefensa ante cualquier estertor o estornudo de países, organizaciones o personas extrañas a ella, cercanas o no. Somos tan sensibles y vulnerables que la supuesta guerra económica, si acaso no es una guerra interna de exterminio de la población hambrienta de papa, de trabajo, de paz, de derechos aplicados, ya la perdimos de lejos.
Según esto, lo que procede es que la Fuerza Armada cumpla a cabalidad el mandato constitucional que las obliga en todo. Ya deberían andar por ahí desarmando gente y expropiando armas de todo calibre, ya deberían velar cabalmente por nuestro territorio y por nuestras fronteras, ya deberían cuidarse mucho de andar vistiendo con colores a la usanza del partido de gobierno. Ya deberían dejar en su lugar y a quien corresponda: la distribución de comida, los cortes de pelo, las matracas, la persecución de estudiantes y demás ciudadanos. Hay mucho que reformar en ese Estado venidero.
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