El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.418 protestas en octubre de 2018, para un total de 10.773 manifestaciones acumuladas durante todo el año. Así lo reseña correodelcaroni.com
Esta cifra representa el mayor número de protestas registradas durante la gestión de Nicolás Maduro. En 10 meses se superó el índice de las dos grandes olas de reclamos recientes desarrollados en Venezuela, en los años 2014 y 2017, en las cuales se documentaron 9.286 y 9.787 manifestaciones, respectivamente.
Con respecto a octubre de 2017, la conflictividad en Venezuela se incrementó 683% en 12 meses.
De acuerdo al comportamiento, el mes pasado se registró un promedio de 47 protestas diarias. Siguen repuntando los reclamos sociales por encima de las políticas. En todo el mes se documentaron 1.265 manifestaciones para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), que representan 89% del total de las protestas.
Las protestas combinadas son cada vez más frecuentes. El mes pasado este fenómeno en el que se exigen distintos derechos simultáneamente, ocurrió en 364 manifestaciones, equivalente a 26% de las 1.418 documentadas.
Con 209 protestas, el estado Bolívar lideró la conflictividad durante octubre, seguido de Táchira (201), Trujillo (141), Lara (132) y Distrito Capital (123).
Mientras que los cinco municipios con más protestas registradas fueron San Cristóbal (128), Libertador (123), Caroní (116), Iribarren (101) y Valera (82).
Derechos más demandados en octubre
El derecho a los servicios básicos ocupó el primer lugar de los reclamos en octubre de 2018, con 571. Los derechos laborales, quienes venían liderando las protestas desde mayo, ocuparon el segundo lugar de los reclamos, seguidos por las demandas al derecho a la alimentación, educación y participación política.
Venezuela vive hoy el colapso de los servicios públicos, siendo las familias de menores recursos las más afectadas. Lejos de lo que establece el artículo 82 de la Constitución, que toda persona tiene derecho a una vivienda con servicios básicos esenciales, y el artículo 117 que garantiza el disfrute de bienes y servicios de calidad.
Las quejas por falta de gas doméstico, agua potable y electricidad se tradujeron en 571 protestas en octubre, para convertirse así en el principal derecho demandado.
En materia de servicios básicos, es importante señalar que el OVCS documentó nueve protestas para exigir mejoras en el servicio de telefonía fija y conexión a internet, entre otros reclamos.
El servicio de transporte público continúa siendo un asunto de preocupación para quienes lo utilizan a diario, como para los conductores de las unidades. En octubre, se registraron al menos 23 protestas debido a las fallas en la prestación del servicio. La escasez o el alto costo de los repuestos mantiene a algunas unidades fuera de circulación. Los usuarios deben realizar largas colas, recurrir a varias alternativas para completar su traslado.
Las consecuencias se ven reflejadas en una baja asistencia en las actividades productivas, agotamiento y altos costos para las empresas que han optado por ofrecer transporte privado al personal.
A la situación transporte, se suman 13 protestas en rechazo a las fallas con la venta de gasolina, impactando negativamente en la movilidad de los ciudadanos en rutas urbanas y suburbanas.
Trabajadores exigen que se respeten sus contrataciones colectivas
Los trabajadores venezolanos continúan tomando las calles en defensa de sus derechos laborales.
En octubre realizaron 533 protestas, continuaron con las acciones en defensa de sus contrataciones colectivas, protección del salario y del empleo. Desde el aumento del salario mínimo a 1.800 Bs.S, en septiembre pasado, los trabajadores han visto aniquiladas sus conquistas.
Con un promedio de 17 protestas diarias, los gremios del sector salud, universitario, industrias básicas de Guayana y otras áreas de la administración pública se mantienen en pie de lucha en defensa de sus méritos profesionales, académicos, primas y otros beneficios contractuales. Argumentan que con el nuevo salario ya no reciben ciertos beneficios o están desfasados con respecto a la crisis económica del país.
Los trabajadores pertenecientes a las industrias básicas de Guayana cumplieron 60 días de protestas continuas exigiendo sueldos dignos y respeto a los contratos colectivos que se ven amenazados luego que se fijó el sueldo mínimo en 1.800 Bs.S.
El incumplimiento de los contratos colectivos está afectando en buena medida a los trabajadores del sector público, donde el Estado es el patrono.
La pretensión de eliminar los méritos académicos, escalafones, primas y demás beneficios contractuales se suman al malestar que desde hace años ha mantenido a los empleados universitarios en conflicto. Al menos 278 protestas de trabajadores universitarios documentadas a lo largo del mes de octubre, como consecuencia de la insuficiencia presupuestaria para mantener la operatividad de la universidad en el ámbito académico, de investigación e incluso en las providencias estudiantiles.
Diversos gremios se adhieren a la protesta del sector salud
El sector salud cumplió cinco meses en conflicto, exigiendo salarios justos, infraestructura hospitalaria digna, dotación de insumos y medicamentos que le permita cumplir su labor de salvar y resguardar vidas. Otros gremios se han unido a la protesta en defensa de sueldos, primas y contrataciones colectivas. En octubre se documentaron al menos 79 protestas por parte de profesionales de la salud.
Jubilados y pensionados: el maltrato cotidiano
Jubilados y pensionados participaron en 56 protestas aproximadamente, reclamando en entidades bancarias el retiro de sus fondos y, en otros casos, exigiendo el respeto a las contrataciones colectivas.
¿Seguridad alimentaria en Venezuela?
De las 1.418 protestas registradas, 110 estuvieron vinculadas a la crisis alimentaria. La mayor parte de los reclamos se atribuyen al aumento en el costo y reparto las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP).
La escasez de los bienes básicos también se ha convertido en un tema de preocupación para la familia venezolana, que destina la mayor parte de su presupuesto en la compra de alimentos.
Desde que el Ejecutivo nacional fijó la nueva lista de precios de bienes y productos regulados reaparecieron las colas frente a los supermercados para la compra de los mismos y la venta con sobreprecio en la economía informal.
Protestas de los pueblos indígenas
De manera inusual, durante octubre se documentaron en 46 protestas de los pueblos indígenas. En el estado Bolívar manifestaron de manera sostenida durante al menos una semana para denunciar la escasez y altos costos de alimentos en la zona.
De las 1.418 protestas documentadas por el OVCS se estima que el 11% estuvo relacionado con la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP). La muerte del concejal Fernando Albán, del Partido Primero Justicia, mientras permanecía en custodia de organismos de seguridad, desató una ola de protestas para exigir una investigación justa y transparente.
Así mismo, durante octubre se realizaron manifestaciones para exigir el derecho a la vida (59), la justicia (49) y por el ejercicio de derechos políticos (72).
La violación de los derechos humanos en Venezuela ha sido una política sistemática del Gobierno, en desmedro de los intereses de la población.
La existencia de más de 10 mil protestas en un año que aún no termina, caracterizada en su mayoría por derechos económicos y sociales, es una muestra de la falta de interés por garantizar mejoras en la calidad de vida la población, como lo establece la Constitución.
Cada día son más los ciudadanos que salen a las calles en demanda de algún servicio. Ocurre con el agua potable que registra al menos tres protestas diarias, a pesar de que existe una Ley de Aguas que obliga al Estado a garantizar el acceso a todas las comunidades. Destacando que la administración del servicio es responsabilidad del propio gobierno.
Por otra parte, pese a la existencia del Plan de Recuperación Económica, los conflictos en el seno de los trabajadores no han cesado ante las dificultades que padecen para enfrentar la hiperinflación. Su salario se ha visto disminuido frente a los precios de cualquier bien o producto, han tenido que recurrir a otras fuentes de ingresos o irse del país para garantizar la alimentación y medicinas. La vestimenta, calzado y recreación pasaron a necesidades de lujo.
Desde el aumento del salario mínimo se desdibujaron beneficios contractuales, contemplados en contratos colectivos, lo cual luce desproporcionado en una administración que dice ser obrerista. La política económica del gobierno pareciera más bien dirigida a debilitar a los trabajadores y sus derechos conseguidos con históricas luchas laborales. Esto puede ser el detonante de una escalada de conflictos y de luchas por parte de los trabajadores por el respeto a sus derechos y a sus conquistas. Nos preocupa además que esta sistemática pérdida de derechos sea una estrategia de sometimiento de los funcionarios y su dignidad.
Reiteramos nuestro llamado a establecer una agenda en el país, donde lo social esté por encima de los intereses políticos de permanencia en el poder. Los venezolanos, indistintamente de su afiliación política, están pagando con hambre e inadecuados servicios públicos el precio de una crisis, que lejos de encontrar los correctivos, se agudiza.