La justicia venezolana reclama a España la entrega del venezolano Nervis Villalobos como “máximo integrante” de una organización que movió en Andorra 2.000 millones de euros en comisiones, presuntamente de la petrolera PDVSA, y a quien imputa una mordida de 1,8 millones de euros.
Consta así en el documento de solicitud de extradición de Villalobos, exviceministro de Energía del fallecido Hugo Chávez, al que tuvo acceso Efe, fechado el 1 de noviembre y cursado por el juez Edecio José Velásquez, que considera a Villalobos uno de los principales integrantes del llamado “grupo Salazar”.
Según la justicia venezolana, este grupo operó en torno a Rafael Ramírez, venezolano en el exilio que fue ministro de Energía de Chávez y presidente de la petrolera estatal entre 2004 y 2014, y a quien su país acusa de haber beneficiado con contrataciones irregulares y comisiones a sus primos Diego Salazar y José Enrique Luongo.
Salazar y Luongo fueron detenidos hace casi un año en Venezuela y permanecen desde entonces arrestados en el centro conocido como “La tumba”, los sótanos de la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde han denunciado violaciones de derechos humanos.
Estas dos personas, dice la petición de extradición cursada por Venezuela, “desarrollaron toda una estructura delictiva” de la que formaba parte Villalobos, que cumple prisión preventiva en España por blanqueo.
También fue reclamado por Estados Unidos, una petición a la que él accedió pero que no se podrá cumplir hasta que finalicen las causas en su contra en los juzgados españoles.
Sobre la petición de entrega a Venezuela, el abogado de Villalobos, Manuel Varela, explicó a Efe que aún no ha recibido notificación de la misma y que, en todo caso, su defendido se negará a ser entregado.
“Es difícil imaginar un proceso legítimo iniciado por un gobierno en general, y una fiscalía en particular, que el mundo reconoce como ilegítimo y en violación constante de derechos humanos”, argumentó el letrado en alusión a las autoridades venezolanas.
Las acusaciones de Venezuela se basan en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, país europeo que supuestamente usaron los miembros del “grupo Salazar” para esconder el dinero de las comisiones de PDVSA y donde varios de ellos, incluido Villalobos, han sido procesados por estos hechos.
Según la solicitud de extradición, estas mordidas se pagaron mediante sus cuentas y las sociedades panameñas que controlaban a la Banca Privada de Andorra, “por donde transitaron 2.000 millones de euros” (unos 2.260 millones de dólares).
EFE