Andrés Manuel López Obrador asumirá el sábado como el primer presidente izquierdista en décadas en México, con la promesa de combatir la extendida violencia que azota al país, desterrar la corrupción y disminuir la pobreza que padece casi a la mitad de la población.
Por Diego Oré / Reuters
Pero desde que fue electo en julio con una sólida mayoría, algunas de las propuestas suyas y de su partido Morena -que tiene mayoría en el Congreso- han golpeado los mercados y analistas temen que el país pueda quedar liderado por un populista cuyos planes comprometan las finanzas de la segunda mayor economía de Latinoamérica.
“Ya empezamos a cambiar las cosas, esto produce nerviosismo, inquieta, pero no hay nada que temer; el cambio va a ser ordenado, profundo, pero pacífico”, dijo López Obrador tras cancelar la millonaria construcción en marcha del aeropuerto capitalino luego de una controvertida consulta pública.
Desde julio, la bolsa local ha caído un 14 por ciento y el peso mexicano se ha depreciado casi un dos por ciento, en gran medida, por decisiones como cancelar la nueva terminal, revisar millonarios contratos petroleros y polémicas iniciativas parlamentarias que podrían golpear a sectores clave.
Mientras tanto, en el mercado de deuda local, el rendimiento del referencial bono a 10 años subió esta semana a 9.38 por ciento, y la tasa a 30 años superó el 10 por ciento. En ambos instrumentos, son niveles no vistos desde hace una década. Durante los últimos dos períodos de transición los mercados locales se habían comportado de forma positiva.
Y aunque durante su campaña prometió un robusto crecimiento económico para México de un 4.0 por ciento anual, el banco central rebajó el miércoles la expectativa de expansión para 2019 y 2020 y ha advertido el impacto que pueden tener algunas políticas del nuevo gobierno en la inflación y la economía.
“El plan de desechar el aeropuerto destaca el riesgo de que AMLO pueda implementar algunas de sus promesas de campaña más costosas, posiblemente mediante el uso de referendos populares similares”, dijo Gene Frieda, estratega global de PIMCO, uno de los mayores gestores de activos de inversión en renta fija. “Esto plantearía serias dudas sobre el estado de derecho y se arriesgaría a socavar la credibilidad de los inversores”, agregó.
Pero el curtido político de 65 años ha intentado calmar las aguas asegurando que respetará los equilibrios macroeconómicos, la autonomía del banco central y que no gastará en exceso.
“No va a haber expropiaciones, actos arbitrarios, vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad. México va a ser un país seguro, un país que va a dar mucha confianza a la inversión, que además necesitamos”, sostuvo durante la semana el futuro presidente, conocido popularmente como AMLO.
Agenda Recargada
López Obrador, quien gobernará hasta 2024, no sólo deberá buscar el equilibrio entre las finanzas públicas y su exigente agenda social.
Heredará del saliente Enrique Peña Nieto un país sumido en una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, donde la corrupción a menudo choca con la impunidad y que sirve de puente para miles de migrantes centroamericanos que escapan de la pobreza y violencia en casa rumbo a Estados Unidos.
Buscando poner un alto al récord de homicidios, que en el sexenio de Peña saltó a un promedio de 100 diarios, AMLO ha propuesto un proceso de justicia transicional pero, a pesar de que quiere resultados inmediatos, futuras autoridades han sido cautas con las expectativas.
“Creer que en seis años se va a resolver todo, no es humanamente posible”, dijo a Reuters Alejandro Gertz, asesor en materia de seguridad del próximo gobierno. “Pero tenemos la certeza de que vamos a reducir los delitos”.
Un tema que la nueva administración tendrá que atender con velocidad y tino es el destino de la enorme caravana, de unos 6,500 migrantes, que cruzó México en las últimas semanas y está estacionada en la frontera con Estados Unidos. Su resolución podría tensar, aún más, las relaciones con Donald Trump.
El próximo gobierno ha dicho que se requieren 20,000 millones de dólares de inversión en el sur de México y una cantidad similar en El Salvador, Guatemala y Honduras para crear condiciones que mitiguen la masiva migración. El reto está en convencer a la administración Trump y al gobierno canadiense de que desembolsen esa suma.
Pero si hay algo que le quita el sueño al próximo gobernante de México, es la corrupción, una lacra que le cuesta al país entre el 5 y 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), según la OCDE. “No basta el ejemplo del presidente, tiene que haber un cambio en las herencias e inercias de los aparatos (de justicia)”, opinó el senador independiente Emilio Álvarez.
“Mecanismos de transparencia no le interesan (al partido de AMLO), no quisieron un fiscal independiente, eso va a retrasar uno de los temas más críticos de México que es la impunidad”, agregó en una entrevista telefónica con Reuters.
Por lo pronto, AMLO ha dicho que cambiará la opulenta residencia oficial por “un catre y una hamaca” en el Palacio Nacional -donde no reside un presidente desde el siglo XIX-, venderá el avión presidencial y sus aliados en el Congreso aprobaron una norma para reducir salarios en la administración pública para que nadie gane más que el primer mandatario.
Pero miembros de ese mismo Congreso espantaron a los mercados al proponer recientemente una reducción de las comisiones bancarias, una revisión de la ley minera, el uso discrecional de las reservas internacionales y cambios a los fondos de pensiones para que sea el Estado el que los administre.
Aunque algunas de las propuestas serán sometidas a mayor discusión con diversos sectores, su sola presentación cimbró a varios sectores y provocó la reacción del equipo económico de AMLO para calmar los ánimos en dos ocasiones. Para la firma Eurasia, aquello será una constante: “una desorganizada y ambiciosa agenda legislativa seguirá siendo la norma”.