La policía de Nicaragua confiscó el viernes las oficinas de una decena de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de un prominente periodista que han sido críticos del gobierno, en la más reciente embestida del presidente Daniel Ortega contra sus adversarios.
Las ONG fueron inhabilitadas esta semana por el Congreso, controlado por los aliados del mandatario, tras acusarlas de recibir dinero para financiar un “golpe de Estado” que busca desbancar a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El gobierno dijo que los bienes ocupados pasarían a un “fondo para las víctimas de terrorismo”, sin ofrecer más detalles.
“Se llevaron todos los equipos de trabajo”, dijo a Reuters el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro y que dirige dos programas de noticias televisivos y un diario digital.
El periodista es considerado uno de los más influyentes del país y ganó en 2010 el premio Maria Moors Cabot.
Nicaragua atraviesa una de las peores crisis políticas en años. Desde abril, miles han salido a las calles de Managua y las principales ciudades del país centroaméricano para exigir la renuncia de Ortega, a quien acusan de comandar una “dictadura familiar”.
En los ocho meses de protestas antigubernamentales han muerto al menos 322 personas y más de 500 han sido encarceladas, según el Cenidh, una de las ONG allanadas.
Chamorro, de 63 años, es también hijo de Pedro Joaquín Chamorro, un periodista, empresario y político nicaragüense quien, al mando del diario La Prensa, se opuso a la dictadura de Anastasio Somoza hasta que fue asesinado en 1978.
Según relató Chamorro, varios policías llegaron al edificio donde se encuentran las oficinas de los medios que dirige y, tras romper los candados, “se llevaron todo”. Las autoridades se presentaron en las instalaciones preguntando por “Cinco”, la ONG que Chamorro dirigió hace varios años y que el jueves fue vetada por el parlamento.
“Es un ataque demencial en contra de la libertad de prensa, de expresión y de la libre empresa, y culpo de todo esto a la Policía Nacional y al dictador Daniel Ortega”, dijo Chamorro.
Defensores de derechos humanos “repudiaron” la medida y la calificaron como un atentado contra la libertad de expresión.
A principios de diciembre, el Gobierno ordenó a las operadoras de televisión satelital retirar de su parrilla la señal del canal opositor 100% Noticias, uno de los pocos que transmitieron en vivo las protestas.
“OACNUDH reitera su enérgica condena por los recientes allanamientos y hostigamientos policiales (…) estos actos constituyen, en su conjunto, un patrón de violaciones de las libertades fundamentales de expresión y asociación”, dijo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
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