Dos barcos con aluminio zarparon del muelle de la estatal Venalum el martes, día en el que cuatro trabajadores de la industria recibieron privativa de libertad con orden de reclusión en el Internado Judicial de Monagas, mejor conocido como cárcel de La Pica, a tres horas de distancia de su lugar de residencia, publica Correo del Caroní.
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El impedimento de permitir los despachos de aluminio como medida de protesta por las desmejoras salariales motivó la detención de los trabajadores en la madrugada del viernes 14 de diciembre, y fue precisamente el centro de una negociación que trabajadores sostuvieron con autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El acuerdo, sostienen trabajadores, fue liberar los despachos de metal a cambio de la excarcelación inmediata de los empleados Andrés Rojas, Noel Gerdez, Ernesto Morillo y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de Venalum (Sutrapuval), José Hidalgo.
El mismo viernes, informaron fuentes de la compañía, se ordenó el traslado de la carga a los barcos, por lo que esperaban que la liberación se concretara el fin de semana. “Todos fuimos engañados, nos golpearon, arremetieron contra nosotros en nuestro legítimo derecho de la protesta, cedimos y aún con eso encarcelan a nuestros compañeros”, afirmó un empleado de Venalum, que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
Los barcos que salieron del muelle el martes contenían 4 mil y 1.200 toneladas de aluminio, respectivamente, el primero con destino a Brasil y el segundo rumbo a México.
Los trabajadores confiaban en que el presidente de Venalum, Pedro Tellechea, llegara el martes al país y abogara por la liberación de los cuatro trabajadores, pero hasta este miércoles no había novedades en torno a la anhelada mediación. “Todos estamos a la expectativa de que el presidente pueda mediar para liberarlos”, señaló el trabajador Cristian Rivas.
Los empleados permanecían recluidos hasta el mediodía del miércoles en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Puerto Ordaz. “No los han trasladado a La Pica, hasta el momento tienen privativa de libertad pero siguen acá en la Dgcim, esperando a que ojalá quiera Dios cambie la medida”, dijo un pariente del trabajador Ernesto Morillo.
Correo del Caroní intentó comunicarse con dirigentes de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas para conocer su posición al respecto, pero no atendieron las llamadas.
15 trabajadores encarcelados en menos de tres meses
Con la detención de los cuatro trabajadores de Venalum, Andrés Rojas, Noel Gerdez, Ernesto Morillo y José Hidalgo, suman 15 los trabajadores encarcelados en menos de tres meses en Guayana.
En el caso de Ferrominera Orinoco, los apresados son 11: Douglas Álvarez, Yonney Monsalve, Alexis Perdomo, Endry Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Tony Briceño y José Gregorio Jaime, detenidos el martes 27 de noviembre en el portón IV de la empresa por parte de funcionarios de la Dgcim. Los delitos imputados fueron: traición a la patria, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo y daño a la Nación y aunque se estableció como sitio de reclusión la cárcel de El Dorado, los reclusos de este centro penitenciario rechazaron que los trabajadores fueran encarcelados allí, por lo que se mantienen en los calabozos de la comisaría de Guaiparo, en San Félix.
El 29 de noviembre fue detenido arbitrariamente en una alcabala militar de Anaco, estado Anzoátegui, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, cuando volvía de una marcha laboral en Caracas. En su caso, se alegó una causa abierta por presunta agresión a un militar durante un conflicto laboral en Ciudad Piar a mediados de año.
González fue presentado ilegalmente ante un tribunal militar, recibió privativa de libertad y fue recluido en la cárcel de La Pica, en Monagas. Le fueron imputados los delitos militares de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional con la responsabilidad penal en grado de autor.
A la lista se agrega Abdul Hurtado, detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el pasado 6 de septiembre, por supuestas irregularidades en la venta de un carro asignado por la estatal del hierro.