El abogado especialista en Derecho Público y dirigente carabobeño, Henrry Henríquez Machado, anunció que prepara, junto a un grupo de vecinos organizados, una serie de reclamos y acciones legales en contra de una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Valencia que ha creado de forma inconstitucional una unidad tributaria municipal que, a su juicio, coloca en riesgo el patrimonio de los contribuyentes.
Henrríquez Machado explicó que el pasado 9 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal de Valencia aprobó la Ordenanza de creación y aplicación de esta Unidad Tributaria Municipal –que se ha fijado inicialmente en Bs.S 12- que está siendo utilizada como factor de cálculo de las tasas que cobra el municipio en la prestación de servicios públicos y que además será factor de cálculo de la base imponible de los tributos municipales.
“Esta figura está fuera de ley porque no es competencia de los municipios establecer una unidad tributaria” ratificó Henríquez Machado quien sostuvo que la figura generaría un desorden administrativo a escala nacional ya que el país tendría 335 municipios con distintas unidades tributarias.
Además denunció que la misma ordenanza señala la potestad que le dan al alcalde de Valencia de poder ajustarla cada 3 meses, “lo cual es un exabrupto y un abuso de derecho que será continuo en el tiempo, por cuanto se le da de manera absolutamente ilegal a una autoridad la posibilidad de generar aumentos de manera discrecional”.
Recordó que la creación y actualización de la unidad tributaria está reservada al poder nacional, por lo que la decisión del órgano local “está viciada de inconstitucionalidad toda vez que usurpa funciones que no le corresponde” y con base a ello, ejercerán el reclamo pertinente no solo ante el Concejo Municipal, sino ante el Instituto Municipal del Ambiente y la Alcaldía de Valencia.
El abogado precisó que la aplicación de esta ordenanza, que fue publicada el mismo día de su aprobación, ha generado unas diferencias muy grandes en la valoración de lo que deben pagar los ciudadanos como las tasas de aseo urbano.
“Esta medida se ha aplicado a partir de noviembre en muchos edificios residenciales y en locales comerciales con una voracidad fiscal estableciendo cuotas de pago extremadamente altas en medio de esta difícil situación económica en que se encuentra la ciudadanía”, denunció Henríquez Machado.
Al respecto, sostuvo que la administración municipal busca atentar contra el patrimonio de los ciudadanos colocándolos bajo la absoluta indefensión entre tener que sobrevivir y tener que pagar impuestos y las tasas del aseo urbano.
“Por ellos hemos decidido organizarnos como ciudadanos entendiendo que debemos hacer un frente común que luche en contra de esta ordenanza porque se trata de defender los derechos” detalló el abogado quien señaló que se han establecido reuniones vecinales para articularse en defensa del patrimonio “porque es evidente que esto representa un duro golpe para la economía de todos”.
Por último, advirtió que la materia tributaria es una materia de reserva legal que debe cuidar mucho la competencia “pero además los tributos deben ser proporcionales por lo que no está previsto, ni en doctrinas ni en leyes, que sean discrecionales ni que se conviertan en una manera de confiscar el patrimonio de los ciudadanos”.
Nota de Prensa