Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera de Hugo Chávez y extesorera nacional, tiene dos grandes frentes abiertos. Está pendiente de la extradición (o no) a Venezuela desde España por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Y mientras, llega la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar supuestamente involucrada en un esquema de corrupción vinculado con el cambio de divisas en Venezuela. Así lo reseñó alnavio.com
Por María Rodríguez
Se le acumulan los problemas a Claudia Patricia Díaz Guillén. La que fuera enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez y tesorera nacional tiene dos grandes frentes abiertos. Uno, la petición de la Justicia venezolana para que España la extradite por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Y dos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó esta semana -junto a seis venezolanos más y 23 empresas- por estar supuestamente involucrada en “un importante esquema de corrupción” vinculado con el cambio de divisas en Venezuela.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU, los sancionados desviaron más de 2.400 millones de dólares de las arcas públicas venezolanas. El texto añade que las ganancias fraudulentas se ocultaron en cuentas bancarias e inversiones en Estados Unidos y Europa.
Por si estos dos frentes fueran pocos para la exenfermera, entre los sancionados figura igualmente su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, exmiembro de la Guardia Presidencial de Chávez. Ambos residen actualmente en una vivienda en el centro de Madrid. Una casa de 2 millones de dólares (1,8 millones de euros) en la que según El Confidencial vive también su hijo, la madre de Díaz y los padres de Velásquez. Por cierto, la Fiscalía española investiga la presunta procedencia ilícita del dinero con el que el matrimonio adquirió esta propiedad, según información de El Mundo.
El matrimonio Díaz-Velásquez ya aparecía vinculado en el caso del también extesorero nacional Alejandro Andrade. Según documentos de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en EEUU, Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias venezolano Globovisión (y también uno de los sancionados junto a Díaz) habría presuntamente sobornado a Andrade y también al matrimonio. Andrade se declaró culpable de haber recibido sobornos por 1.000 millones de dólares. La Justicia de EEUU lo condenó en noviembre a 10 años de prisión por corrupción.
Según publicó el diario El Confidencial, la defensa de la pareja negó que se les hubiese comunicado nada por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y que Díaz Guillén y Velásquez tuvieran relación alguna con Gorrín. Ahora el Departamento del Tesoro de EEUU pone los puntos sobre las íes.
En el comunicado afirman que Díaz, en el papel de tesorera nacional (cargo que ejerció entre 2011 y 2013), aceptó sobornos de Gorrín directamente, así como a través de su esposo, a cambio de permitir que Gorrín hiciera operaciones mediante una de las casas de Bolsa selectas para el Gobierno de Venezuela. “Gorrín mantuvo y compró activos para Díaz y Velásquez de la misma manera que lo hizo para Andrade”, continúa el texto.
Además de Gorrín, Díaz y Velásquez, están sancionados María Alexandra Perdomo Rosales, esposa de Gorrín; Leonardo González Dellan, testaferro de Andrade; Mayela Antonina Tarascio-Pérez, esposa de Perdomo; y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, cuñado y socio de negocios de Gorrín.
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