Jugando a la defensiva, el chavismo ha intentado posicionar su dogma propagandístico a través de sus amigos internacionales, usando en esta ocasión otro imaginario golpe de Estado. Y ya van más de 100 denunciados desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, publica El Mundo.
Por DANIEL LOZANO / Venezuela
Una forma de recuperar el resuello y de pasar a la ofensiva tras un enero desastroso para los intereses de la cúpula bolivariana, a base de repetir el guión escrito desde Caracas como si fuera un padrenuestro revolucionario. Como si el Ebro pasara por Caracas.
El propio Maduro comparó la juramentación de Juan Guaidó como “presidente encargado” con el golpe de Estado de Pedro Carmona contra Hugo Chávez de 2002. Las diferencias son demasiado evidentes: la asonada militar fue entonces contra el presidente legal del país y la primera decisión del presidente de facto fue abolir la Constitución. En esta ocasión, la Asamblea Nacional se ha apoyado en la Constitución para decretar la “usurpación” de Maduro, quien cuenta con el respaldo de la cúpula militar. Las razones legales han cambiado de bando.
“Sin sentido constitucional afirmar que Guaidó ha dado un golpe de Estado”, afirma José I. Hernández, constitucionalista formado en parte en la Universidad Complutense de Madrid. Este profesor explica que Maduro usurpó el cargo tras el desconocimiento de las “fraudulentas” elecciones presidenciales, que no fueron reconocidas por el Parlamento y una buena parte de la comunidad internacional.
“En aquellas elecciones no se cumplieron los índices de integridad electoral previstos en los tratados internacionales. Aquí se privó a los partidos políticos de oposición más vigorosos y de mayor oportunidad de participar, se privó a los candidatos más fuertes, no se actualizó el registro electoral y los comicios fueron convocados por una Constituyente que ya había sido desconocida”, añade para EL MUNDO Juan Manuel Raffalli, prestigioso constitucionalista.
“Guaidó se juramenta, no se autoproclama”, continúa el experto. “Él no es como Carmona o un líder político cualquiera, es el presidente de la AN que fue electa por el voto popular, que no ha sido desconocida en su origen legítimo ni por el propio Gobierno y que está invocando un artículo constitucional específico, el 233, para progresivamente asumir funciones ejecutivas que permitan restablecer el orden constitucional. Guaidó asume el encargo para llamar a elecciones. Eso le da base constitucional a su planteamiento”, resume.
Todo lo contrario a lo sucedido en la década pasada, cuando el actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador no quiso reconocer su derrota electoral y se autojuramentó como presidente, incluso se colocó una banda presidencial sobre el pecho. Quienes ahora mantienen que Guaidó dio un golpe de Estado aplaudieron aquel día a rabiar al dirigente de la izquierda mexicana.
“El presidente de la AN, de manera inequívoca, con los demás diputados en la tarima y ante el pueblo en la calle, se ha juramentado y ha asumido ese encargo para llegar a unas elecciones”, sentencia Raffalli. Una fórmula constitucional tan legítima como las mociones de censura y de confianza en España.