El centro de Buenos Aires se tiñó de nuevo de verde este viernes en un masivo “pañuelazo” en el que organizaciones feministas reivindicaron los 27 feminicidios que se registraron en Argentina en enero y pidieron que endurezcan las políticas públicas para proteger a las mujeres de la violencia.
Con el “Ni Una Menos” como bandera y embozadas con la pañoleta verde símbolo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y protagonista del movimiento feminista durante el pasado año, cientos de personas marcharon desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo, donde culminaron la protesta con un “pañuelazo” que se replicó en otros puntos del país.
Para Sele Fierro, integrante de Juntas a la Izquierda y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la multitudinaria manifestación es una “respuesta contundente” a la “lamentable” cantidad de feminicidios que ha sufrido el país en su primer mes del año.
“Mientras más salimos a la calle a defenderlo hay una ausencia permanente por parte del Estado. Por eso hoy fue parte de la exigencia un presupuesto real”, explicó a Efe la activista.
Según el último estudio del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, publicado este jueves, cada 26 horas una mujer es asesinada en Argentina por su género.
“Acá se vuelve a demostrar que los hombres nos siguen teniendo como objetos. Nos pueden matar, nos pueden violar, nos pueden golpear, y lo que muestra el Estado es que no pasa absolutamente nada. Por eso hay que exigir y ponernos a ver si el número de feminicidios y travesticidios bajen”, dijo.
La integrante de la MST destacó que son diez los casos de travesticidios durante el mes de enero.
Desde 2010 existe un protocolo en el país suramericano desarrollado por el Ministerio de Salud para que se aplique la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos específicos cuando se ponga en peligro la vida de la madre o el embrión o cuando es producto de una violación.
A pesar de ello, hay provincias como Mendoza (oeste) que no han adherido este protocolo entre sus leyes ni han elaborado uno provincial.
En las últimas semanas, el país se conmocionó por el caso de una niña procedente de Jujuy (noroeste) que quedó embarazada fruto de una violación y a la que no solo no se le aplicó el protocolo a tiempo, sino que se le practicó una cesárea y su bebé falleció a los 4 días.
Tras las extensas críticas, muy presentes en la manifestación de este viernes, el Gobierno jujeño aseguró que actualizará el protocolo.
“En este país, que una niña esté embarazada es producto de una violación, por eso tenemos que seguir pidiendo la ILE y la educación sexual integral para prevenir todos los casos de violencia”, sentenció Fierro.
Vanina Biasi, del Plenario de Trabajadoras (PdT), respaldó que lo que el Gobierno de Jujuy hizo fue un “forzamiento” a la menor.
“La violencia contra la mujer no para de crecer y tiene un marco político y social”, transmitió a Efe la dirigente.
En su opinión, existe una clase social y gubernamental que refuerza un modelo de clases “sometidas”.
“Si tenemos abusos, violaciones, sometimiento y aborto clandestino seremos un pueblo más regimentado en mejores condiciones para que esas minorías sociales puedan dominar a las mayorías”, aseveró Biasi.
Un proceso “de fondo” que, para ella, seguirá sacando a las calles argentinas a las mujeres en busca del lugar que la historia les “arrebató”.