Nuestro país está sufriendo de la inflación más elevada del mundo y de una escasez de alimentos básicos, únicamente comparados con los padecidos por naciones que han sido azotadas por una conflagración o asoladas por un fenómeno natural. Además de la hiperinflación y de la escasez de alimentos y de medicinas, los servicios públicos se han deteriorado, ya el noventa por ciento de la población no está recibiendo normalmente el agua potable, el gas y el suministro de la electricidad. Las plantas de tratamiento de aguas servidas no funcionan, contaminando con sus efluentes nuestros ríos, lagos y playas, y en muchos casos se desparraman libremente por nuestras calles y avenidas.
Pero lo más grave de esta situación y que requiere de atención inmediata, es la escasez de medicinas y de alimentos. El hambre y la desnutrición constituyen la violación de un derecho humano, porque este padecimiento involuntario está asociado directamente a conservar la vida. El derecho a la alimentación está establecido en la normativa de las naciones unidas y además, está consagrada en tratados internacionales y regionales y debe ser de obligatorio cumplimiento de los Estados, por tratarse de un derecho humano vinculado al derecho a la vida.
En nuestro país la pobreza, la escasez y la carestía de los alimentos han generado una grave crisis que ha degenerado en una emergencia humanitaria. Ésta, ha sido caracterizada por el bajo consumo, la desnutrición, alto riesgo de enfermedades, cambio de patrones de consumo y la dependencia de millones de compatriotas que se surten de desechos para poder comer. Se estima que más del noventa por ciento de nuestra población, carece de ingresos suficientes para comprar la canasta de alimentos fundamentales para alimentar satisfactoriamente a su familia.
El informe 2018 “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe” elaborado por la FAO, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que Venezuela es el país de America Latina y el Caribe donde más ha aumentado el número de personas desnutridas. El informe destaca también, que la crisis migratoria del país, la cual se estima ya en un 10% de nuestra población, está asociada a la extrema inseguridad alimentaria, a la desnutrición y al hambre que padecen los venezolanos.
En febrero de 2016, la Asamblea Nacional decretó la emergencia humanitaria e instó al régimen a cumplir con su deber y a propiciar soluciones urgentes, para solucionar y detener la crisis humanitaria existente. También el Consejo de Derechos Humanos de las naciones unidas, aprobó en septiembre del año pasado, una resolución donde reconoce la grave crisis humanitaria en nuestro país. Tanto al mandato de la Asamblea Nacional, como al alerta de las Naciones Unidas, el régimen hizo caso omiso y profundizó las medidas económicas que generaron la crisis.
El pasado 15 de enero, la Asamblea Nacional volvió a pronunciarse mediante un acuerdo unánime, el cual autoriza la entrada de ayuda humanitaria a nuestro país para atender con urgencia, la crisis social que está sufriendo nuestro pueblo. En este acuerdo, la AN también exhorta al nuevo gobierno, para gestionar recursos ante las instituciones financieras internacionales para la producción y la importación extraordinaria de alimentos de la canasta básica para abastecer a nuestro país. También se exhorta a los organismos bilaterales y a las agencias de cooperación internacional, la aprobación de fondos para asignar subsidio directo a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad social.
El Presidente Guaidó, cumpliendo con el mandato de la Asamblea Nacional, ha convenido con países amigos, la entrada de la ayuda humanitaria solicitada y la apertura de un corredor humanitario para canalizar la operación de socorro hacia nuestra depauperada población. Estimamos que esta iniciativa, dirigida a auxiliar a nuestra población más vulnerable con la entrega de alimentos y medicinas, será apoyada por todos los sectores e instituciones de nuestro país, para hacer posible la logística de transporte, la protección y distribución de esta ayuda humanitaria que está próxima a entrar a nuestro país.