La presentación del Plan País por parte del gobierno legítimo de Juan Guaidó incluyó una lámina sobre los puntos fundamentales de lo que debe ser una nueva política petrolera venezolana, tan pronto haya terminado el funesto ciclo chavista/madurista. En gran medida estamos de acuerdo con este esbozo, ya que toca los aspectos esenciales requeridos para la renovación de la maltrecha industria petrolera venezolana, puesta de rodillas por años de corrupción e ineficiencia a manos de gente como Héctor Ciavaldini, Ali Rodríguez Araque, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio del Pino y Manuel Quevedo.
La lámina presentada sobre petróleo dice textualmente:
Reactivar nuestra industria petrolera
Revertir la caída de la producción petrolera resultado de estos 20 años de destrucción de nuestra industria y de PDVSA.
1.- Aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que permita la implementación de las políticas necesarias para la reconstrucción de nuestra industria.
Preservar la propiedad de la Nación sobre los yacimientos de hidrocarburos. Permitir que el capital privado sea accionista mayoritario en proyectos petroleros. Diseñar un régimen fiscal competitivo. Maximizar la producción de petróleo y gas. Crear la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para la administración eficiente y técnica de los yacimientos, así como para regular y supervisar el sector.
2.- Atraer, de manera significativa, capital privado nacional e internacional, que ni el gobierno ni PDVSA están en la capacidad de proveer.
3.- Garantizar que se cumplan los contratos y el mayor beneficio a la Nación de los ingresos provenientes por impuestos y regalías.
4.- Reestructurar y redimensionar a PDVSA para consolidarla como una empresa pública competitiva enfocada en el sector hidrocarburos
Estamos totalmente de acuerdo con el concepto fundamental de reactivar la industria petrolera venezolana. Esta reactivación se va a llevar a cabo en un entorno inédito, en la cual existe una tendencia mundial hacia el remplazo del petróleo por fuentes energéticas menos contaminantes. En este entorno la gran fuente venezolana de reservas, la Faja del Orinoco, luce muy vulnerable y parece condenada a quedarse en gran medida en el subsuelo. Los cuantiosos recursos allí existentes exceden en mucho la ventana probable de oportunidad para su pleno desarrollo. ¿Cuánto durará esa ventana de oportunidad: 40,50,60 años? Difícil precisarlo pero lo que si es necesario aceptar es que a medida que esta ventana de oportunidad se vaya cerrando, en esa medida las inversiones petroleras requeridas por Venezuela para aumentar producción y mejorarla, las cuales son de larga maduración (8 a 10 años) tenderán a perder su atractivo para los potenciales inversionistas. De allí que será necesario planificarlas a la brevedad posible, para lo cual se requerirá de manera urgente una clarificación de los términos posibles de contratación con la empresa privada, ya que el Estado venezolano ni estará en capacidad de hacerlas ni esa debe, en ningún caso, ser su misión fundamental.
Esta premura que será necesaria para establecer más producción establecerá, probablemente, un techo óptimo al nivel de producción que será deseable planificar, el cual es deseable diferenciar de un techo máximo. Hay quienes opinan que Venezuela debería llegar a producir hasta 5 millones de barriles diarios de petróleo. Pienso que ese nivel de producción no es necesario ni deseable, a la luz de la ventana de oportunidad que parece existir para esta fuente energética. Solo podría lograrse mediante un desarrollo intenso de los petróleos pesados de la faja del Orinoco, lo cual requiere mayores inversiones que las necesarias para petróleos livianos y mayor tiempo de maduración. A medida que se cierre la ventana de oportunidad para el petróleo a nivel mundial, en esa misma medida se harán menos atractivas las inversiones en proyectos de petróleo pesado venezolano. Por lo tanto sería deseable que el país se concentre en lograr un nivel razonable de producción petrolera, unos 3 millones de barriles diarios, y lo haga bien, en lugar de tratar de obtener niveles mayores corriendo mayores riesgos de orden financiero y operacional. Por ello concuerdo en la prioridad de establecer reglas claras del juego de manera inmediata, incluyendo la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos que no sea un chaleco de fuerza sino un instrumento amplio y flexible. En el punto 1 de la lámina presentada por el equipo de Guadió cambiaría la palabra maximizar por optimizar, ya que una política de maximización de la producción petrolera puede ser contraproducente para la nación venezolana en vista de las tendencias mundiales sobre demanda de petróleo y sobre el remplazo de petróleo pesado por fuentes menos contaminantes de energía.
Estoy en tal acuerdo con la política de acudir al capital privado internacional y nacional para llevar a cabo la futura recuperación de la industria petrolera. Es ya hora de terminar con mitos y complejos sobre estatificación, y sobre soberanía mal entendida. Concuerdo con la propiedad de los yacimientos por parte de la Nación pero estoy en enfático desacuerdo con la estatización de la industria petrolera, política que nos ha conducido a la ruina actual.
Estoy plenamente de acuerdo con la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual negocie, estructure y supervise los contratos de desarrollo petrolero con las empresas privadas. Estos contratos pueden adoptar diversas formas, en base a lo que sea más deseable para cado caso. Pueden ser contratos de producción compartida, contratos de servicio o, inclusive, concesiones, un término que suena mal para algunos pero que, paradójicamente, ofrece grandes beneficios para la nación si se planifica y contrata correctamente. Para administrar tales tipos de contratación existen gerentes venezolanos con experiencia y sin complejos patrioteros.
Finalmente, tengo serias dudas sobre la posibilidad de recuperar a Petróleos de Venezuela, una empresa cuyo nombre ha sido arrastrado por el pantano por Chávez y Ramírez y por Maduro y Quevedo. Esta es una empresa con 150000 empleados, es decir, unos 100.000 empleados sobrantes, sin una gerencia idónea, totalmente desacreditada en el mundo.
La pregunta que debemos hacernos con mucha responsabilidad es: ¿Debe tener Venezuela una empresa estatal de petróleo? No lo creo. Por supuesto, deberá haber un período de transición para que esta empresa estatal deje progresivamente de existir, cediendo su papel a la Agencia Nacional de Hidrocarburos propuesta, si es que eso es lo que finalmente se decide. Mantener a PDVSA por motivos ideológicos reforzaría el trágico error que ha causado tanta privación y tanto descrédito a la nación venezolana durante los últimos 20 años.
Adelante con estos planes. Hay gente preparada para apoyarlos. Existen documentos detallados sobre los pasos a dar, entre otros los de los grupos coordinados por Arnoldo Gabaldón y por Luis Urdaneta, los trabajos de Francisco Monaldi, de Diego González Cruz, de Leopoldo López y Gustavo Baquero, del grupo de reflexión petrolera COENER, de las universidades venezolanas y de varios otros petroleros venezolanos. Solo falta que emerja un consenso sobre la orientación fundamental que habrá de adoptar la industria petrolera venezolana, si estatista, como ha sido hasta ahora, o abierta al capital privado para su operación, con regulaciones y supervisión de la Nación venezolana. Me inclino por lo segundo, en vista de la experiencia que hemos tenido durante los últimos 40 años. Quien no recuerde lo que ha sucedido en nuestra industria petrolera pretenderá llevar de nuevo al país, de equivocada buena fé, a caer en el hueco maloliente de la ruina y la corrupción.