El jurado del caso contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que terminó este jueves su cuarta sesión sin un veredicto, en un día en el que hubo un arresto en el tribunal federal donde se realiza el proceso, pidió revisar el testimonio de Juan Carlos Ramírez Abadía “Chupeta” sobre envíos de droga que hizo al cartel de Sinaloa.
En específico, pidieron ver el testimonio de “Chupeta” sobre las “juanitas” -envíos de droga-, del colombiano, que tiene el rostro desfigurado por cirugías plásticas que se realizó para evadir a las autoridades, en concreto diez envíos de cocaína que hizo al cartel de Sinaloa entre 2003 y 2005.
Las ocho mujeres y cuatro hombres enviaron una nota al juez Brian Cogan, a las 03.30 de la tarde, pidiendo el testimonio del más impactante de los cooperantes del Gobierno, durante el contrainterrogatorio que le hizo la defensa del Chapo.
También quieren revisar lo que dijo Ramírez Abadía, que fue miembro del cártel del Norte del Valle en Colombia, durante la réplica de la Fiscalía al interrogatorio de la defensa.
Una hora más tarde de que el jurado hiciera su requerimiento, el juez informó en su sala a la fiscalía y la defensa del Chapo sobre los reclamos e indicó que tendrán los documentos el próximo lunes ya que mañana no habrá deliberaciones.
Ramírez Abadía, preso hace una década en Estados Unidos tras haber sido arrestado en 2007 en Brasil, y que apodó a Guzmán Loera como “el rápido” por la forma en que traficaba su droga a inicios de su relación comercial, era el principal suplidor de cocaína del cartel de Sinaloa, que se alega dirigía el mexicano.
El colombiano registró en un libro de contabilidad las “juanitas” que envió desde Colombia a la costa de Sinaloa, con destino final EE.UU., algunos de los cuales fueron confiscados.
También registró los 150 asesinatos que ordenó y los que ejecutó porque representaban un peligro para él o para su organización, uno de ellos en Nueva York y otro en Nueva Jersey.
El juez pidió a la defensa y a la fiscalía que eliminen de los testimonios que entregarán al jurado los aparte que hayan tenido con el juez así como las objeciones que hubo durante ese interrogatorio en específico.
El jurado, que comenzó a deliberar el pasado lunes tras tres meses de juicio, ha solicitado ver siete testimonios, seis de ellos de cooperantes del Gobierno y uno de un agente federal.
Los miembros del jurado evalúan la evidencia presentada durante este sonado caso, que ha atraído a decenas de periodistas y curiosos, sobre los diez cargos contra Guzmán Loera relacionados con el narcotráfico, que le enfrentan a cadena perpetua.
Este cuarto día de sesión comenzó con el arresto de un individuo, identificado por la oficina de prensa del tribunal como René Rivera Martínez, quien en primera instancia aseguró a la prensa que era familiar del Chapo, luego dijo a otros que su familia era cercana al acusado.
Tras un percance con uno de los alguaciles, por sentarse en la banca asignada a la defensa en la sala donde se lleva el juicio contra el Chapo, que no se encontraba en ese momento, Rivera Martínez fue enviado a otra sala del tribunal donde se sigue el proceso por circuito cerrado.
Poco después, varios alguaciles entraron y le pidieron abandonar el lugar, le arrestaron, esposaron y trasladaron a otro lugar.
El portavoz de prensa de la fiscalía federal, John Marzulli, informó que Rivera Martínez fue entregado a agentes de Inmigración, por lo que ya no estaba bajo custodia de los alguaciles federales.
Tras la detención, uno de los abogados del Chapo, Jeffrey Lichman, negó que tuviera relación familiar alguna con su cliente.
Esta jornada estuvo marcada además por que Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera, llegó al tribunal con dos guardaespaldas.
El juicio del Chapo, de 61 años, arrancó el 5 de noviembre del año pasado con la selección del jurado, entre grandes medidas de seguridad.
El Chapo fue extraditado a Nueva York en enero de 2017 para hacer frente a cargos por narcotráfico como jefe del cártel de Sinaloa, el mayor exportador de drogas a EE.UU., según la Agencia Antidrogas (DEA), aunque también le reclamaban los estados de Texas, California, Arizona, Illinois y Florida, y aún tiene imputaciones pendientes en México. EFE