La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo la iniciativa de hacer un informe sobre corrupción y derechos humanos. Este viernes 15 de febrero, por solicitud de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, siglas en inglés) dedicada a promover el Estado de Derecho en América Latina, asistieron a una audiencia regional con la Comisión varias ONG en representación de siete países, y por Venezuela acudió Acceso a la Justicia.
Nuestra directora Laura Louza tuvo un derecho de palabra en la audiencia y fue la encargada de entregar un informe y presentar un panorama del sistema de administración de justicia en nuestro país, el cual, según denunció, carece de la independencia, autonomía e imparcialidad necesarias para que un estado de derecho funcione, y que ha llevado a que en Venezuela se haya instaurado un régimen de facto.
De acuerdo con el escrito consignado por la abogada, a partir de 1999 el régimen político que se instauró en Venezuela y que aún detenta el poder puso en marcha una política sistemática de ataque a la independencia judicial, lo que condujo progresivamente a la cooptación y politización de todo el sistema de justicia. Jueces, magistrados, fiscales y defensores no gozan de estabilidad alguna, ni existen normas de rango legal que se cumplan sobre su carrera. Sus nombramientos no han sido acordes a la Constitución desde el inicio del régimen. La sociedad civil no ha participado en ellos, aunque así lo exija el texto constitucional.
Entre otros datos relevantes, y a partir de una investigación de Acceso a la Justicia, se denunció que veinticinco de los treinta y dos magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) actual no cumplen con los requisitos para ejercer tan importantes cargos y que siete de los restantes apenas llenan los requerimientos.
Los magistrados del TSJ han sido removidos, jubilados o nombrados según la conveniencia del poder, incluso de manera forzosa, habiendo cumplido su período completo sólo 13% de los 84 funcionarios que ha habido en estos veinte años del régimen. Un análisis del perfil de los treinta y dos magistrados principales también arrojó que al menos nueve de ellos han sido militantes del partido de gobierno y no hay constancia de su renuncia.
Activismo partidista
En el informe se recordó además que el activismo político que ha contaminado a todos los órganos del sistema de administración de justicia venezolanos ocasionó que en 2016, la Organización de Naciones Unidas (ONU) degradara a la Defensoría del Pueblo a categoría B por “politización y ausencia de independencia”.
Se expusieron igualmente varias muestras del uso de la justicia en Venezuela para perseguir a la disidencia política, convertido en patrón; son los casos del dirigente de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López, condenado a prisión por la juez que hoy dirige la Defensa Pública; de la fiscal Luisa Ortega Díaz y de su esposo Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el partido de gobierno, entre otros.
Aunado a ello, dos magistrados del TSJ huyeron a Estados Unidos y han dado declaraciones públicas sobre el carácter politizado del sistema de justicia venezolano. El más reciente caso (enero de 2019) es el de Christian Zerpa, magistrado de la Sala Electoral desde diciembre de 2015. Antes, en 2012, Eladio Aponte, de la Sala de Casación Penal, llegó a decir que la justicia no vale y que era una plastilina.
Otros aspectos consignados ante la CIDH fueron la opacidad informativa como política de Estado, dado que muchos órganos del Ejecutivo y el mismo sistema de justicia no publican sus informes anuales; la usurpación de funciones a la AN por parte del TSJ, que es quien aprueba el presupuesto público y mantiene al país en un estado de emergencia por decreto desde 2016, cuyo único fin es que el Ejecutivo pueda legislar en lo que le plazca; así como la justicia expedita sólo para favorecer intereses del poder.
Otra investigación de Acceso a la Justicia detectó que el TSJ ha negado el acceso a la información pública de manera sistemática desde el año 2000. Por otro lado, en 2016, según una muestra de sesenta y cinco sentencias que fueron noticia por haber sido producto de peticiones de representantes del partido de gobierno o ciudadanos con intereses afines, el TSJ las declaró con lugar en 100% de los casos y en un promedio de 21 días, llegando a decidir en cuarenta y ocho si se trataba del propio presidente de la República, pero si los peticionarios eran opuestos resolvía siempre negativamente y tras más de un año.
Se ratificó ante la CIDH que en Venezuela existe un estado de hecho, no de derecho, puesto que el Poder Ejecutivo concentra todo el poder y ejerce a través de él un enorme control social y económico, además del político, respaldado por las Fuerzas Armadas. El Poder Judicial, en esta toma progresiva del poder, ha tenido un rol clave como legalizador del régimen, convirtiéndose con el tiempo en un órgano de represión social y no de protección de los ciudadanos ni de la legalidad como es su mandato.
NP.