Los jueces venezolanos no son solo, en gran proporción, provisorios -y por lo tanto, sujetos a remoción sumaria- o militantes del partido de Gobierno -es decir, poco imparciales-; también son empresarios que prestan servicios como contratistas a organismos del Estado. La revisión de una gran base de datos del poder judicial venezolano advierte que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez. Han hecho del conflicto de intereses un medio de vida.
JOSEPH POLISZUK | PATRICIA MARCANO /Armando.Info
Un juez del estado occidental de Falcón con una empresa que asfaltaba varias de las calles de la entidad; otra cuya compañía transportaba personal de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mientras firmaba sentencias desde un juzgado de Anzoátegui. Ni hablar del jurista de Miranda cuya constructora primero remodeló instalaciones del Ministerio de Educación Superior y, al poco tiempo de retirarse del Poder Judicial, consiguió contratos hasta para pintar y reparar el mismo Tribunal Primero de Control de Caucagua en el que despachaba. Son los jueces contratistas de la República Bolivariana de Venezuela.
Hay al menos 461 casos de juristas venezolanos que tienen o han tenido contratos con entes del Estado. Las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que se publican en este reportaje, permiten advertir que casi 8% de los 5.928 jueces que en los últimos 20 años han pasado por el Poder Judicial tuvieron contratos con organismos públicos.
Muchos lo hicieron antes o después de su paso por los tribunales, pero destacan casos como el de la entonces jueza penal, María Verónica Enmanuelli, que en el año 2006 era una de las accionistas de la empresa Litoven al mismo tiempo que se encontraba al frente del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio, por donde pasó el caso del narcotraficante Walid Makled.
Con un sombrero formaba parte de la imprenta de la que salieron folletos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el Reglamento de la radiodifusión, catálogos de Pdvsa sobre sus empresas mixtas y revistas y suplementos del Banco Central de Venezuela. Por otro lado se enfrentaba a los vericuetos del juicio a Makled y su millón de dólares congelado en la aerolínea Aeropostal, por cuyas presiones en tres oportunidades solicitó una inhibición que nunca le concedieron.
Aunque fue contactada, Enmanuelli prefirió no hablar sobre el tema para este reportaje. Pero en su compañía advirtieron que se trataba de una empresa familiar en la que había heredado un pequeño porcentaje de acciones.
Un caso similar es del capitán de corbeta Pedro Alexander Lunar Rodríguez, cuyo nombre figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como uno de los integrantes de la Asociación Cooperativa Los Pedros II, pero también como juez titular activo de la Corte Marcial. Fue quien condenó a cinco militares y tres civiles a 10 años de prisión por el llamado caso del “Golpe azul”, que el mandatario Nicolás Maduro denunció el 12 de febrero de 2015 en televisión como un plan en el que, según sus palabras, un avión artillado de la Fuerza Aérea Venezolana aparecería raudo en el cielo de Caracas para derribar edificios oficiales y cualquier paz y cordura.
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