Una voz débil llega a través de la línea telefónica con interferencias. Al otro lado, desde una prisión de contrainteligencia militar en la capital de Venezuela, Tomeu Vadell pregunta a sus hijas en Louisiana si fueron a la iglesia y les cuenta que planea pasar su domingo haciendo flexiones para mantener su cuerpo y su espíritu en orden.
Por Joshua Goodman desde Caracas y John L. Mone desde Houston para Associated Press | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
La comunicación se corta de forma abrupta luego de dos minutos y Cristina y Verónica Vadell se preguntan cuándo volverán a escuchar a su padre, quien junto a otros cinco ejecutivos de Citgo, [una empresa estatal venezolana con sede en Houston] llevan 15 meses encarcelados en Venezuela, por lo que sus familias dicen que son cargos de corrupción falsos.
?Él siempre nos dice que pueden quitarle su libertad pero nunca su dignidad”, dijo Cristina, de 27 años y que ha seguido los pasos de su padre y es ingeniera petrolera en Lake Charles, Louisiana, el lugar donde ha vivido la mayor parte de su vida.
Mientras el gobierno del presidente Donald Trump avanza en sus esfuerzos para destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el destino de los llamados “Citgo Six” (“Los seis de Citgo”) _ cinco de ellos, como Vadell, ciudadanos estadounidenses con profundas raíces en Louisiana y Texas _ está en el limbo. Lo mismo ocurre con la empresa estadounidense para la que trabajaban, que es uno de los grandes premios en la lucha de poder entre Maduro y su rival, el opositor Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como líder legítimo de la nación sudamericana.
Las familias se quejaron de que los hombres están retenidos en condiciones inhumanas, compartiendo abarrotadas celdas en un sótano que fueron construidas para 22 personas pero en las que hay cerca de cuatro veces más reos. Esto hace que los hombres tengan que dormir a veces en el piso y que pasen semanas sin acceso al aire libre o a la luz del sol, agregaron.
Vadell perdió más de 27 kilos (60 libras) por la malnutrición, señaló su familia. En una fotografía tomada de forma clandestina con un celular el mes pasado y proporcionada a The Associated Press, parece un prisionero de guerra con los ojos y las mejillas hundidos y un mono verde militar colgando de su cuerpo demacrado.
Sus casos no dan muestras de avanzar. Una audiencia preliminar fue demorada en 12 ocasiones sin razón aparente, lo que hace que las familias se pregunten si sus seres queridos están siendo retenidos como peones en una negociación política de alto nivel. La fecha de su próxima audiencia es el miércoles.
“La situación, con lo volátil que es ahora, genera más incertidumbre”, apuntó Cristina Vadell. “No podemos predecir el futuro. No sabemos qué va a pasar. Pero sé que mi padre se mantiene fuerte por nosotros y que no vamos a rendirnos hasta traerlo de vuelta a casa”.
La odisea de las familias comenzó el fin de semana anterior al Día de Acción de Gracias de 2017, cuando Vadell y los otros ejecutivos recibieron una llamada de Nelson Martínez, quien para entonces era el director de la matriz de Citgo, del gigante petrolero estatal venezolano Pdvsa, pidiéndoles viajar a Caracas para una reunión presupuestaria de última hora.
El grupo viajó en un jet corporativo. A bordo iban Vadell, vicepresidente de refinación; Gustavo Cárdenas, jefe de relaciones estratégicas con accionistas, gobierno y asuntos públicos; Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y marketing; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería de Citgo en Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos, y José Ángel Pereira, presidente de Citgo.
Lo que ocurrió después cambió las tranquilas vidas de las familias. Un grupo de agentes de seguridad armados y enmascarados entraron a una sala de conferencias de Pdvsa y arrestaron a los seis ejecutivos. Horas después, el fiscal general de Maduro apareció en la televisora estatal anunciando cargos de malversación por una propuesta para refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía.
“Se fue el lunes y se suponía que regresaría el martes”, manifestó la esposa de Vadell, Dennysse. “Fue a una reunión y nunca regresó”.
Entonces, el propio Maduro los acusó de “traición” aunque no habían sido señalados por ese delito.
Los arrestos iniciaron una purga dentro de la industria petrolera venezolana que pocos días después acabó con Martínez, el presidente de Pdvsa, y un exministro de Petróleo, entre docenas de personas más, encarcelados. En sustitución de Martínez, Asdrúbal Chávez, primo del fallecido expresidente Hugo Chávez y aliado cercano de Maduro, fue nombrado presidente de Citgo. En diciembre, Martínez murió bajo custodia, alarmando más aún a las familias de los empleados de Citgo.
Citgo, que controla alrededor del 4% de la capacidad de refinación de Estados Unidos, no ha proporcionado apenas apoyo a los ejecutivos encarcelados pese a un acuerdo de indemnización que le obliga a actuar en defensa de los hombres, dijo un empleado de la firma, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. En los meses posteriores, Citgo también anuló sus sueldos, agregó.
“La única comunicación que tuve con Citgo cuando ocurrió esto fue que me llamaron para decirme que no fuese a la prensa y que iban a ir por las casas para recuperar los autos de empresa”, dijo María Elena Cárdenas, cuyo esposo está entre los encarcelados.
La batalla se libra ahora en la sede de Citgo, apuntó el empleado, como resultado de las sanciones impuestas por Washington a Pdvsa el mes pasado y que impiden que las empresas estadounidenses que compren petróleo venezolano, desviando cualquier pago a una cuenta de depósito en garantía controlada por Guaidó, a quien Estados Unidos y decenas de países más reconocen como el presidente interino de Venezuela. La mayoría de los empleados leales a Maduro se han marchado y se ha retirado cualquier referencia a Pdvsa de las instalaciones, además de los retratos del héroe de la independencia sudamericana Simón Bolívar.
Maduro prometió defender a Citgo de la incautación, alegando que pertenece al pueblo venezolano. La semana pasada, su fiscal general presentó cargos penales contra las nuevas juntas directivas de PDVSA y Citgo nombradas por Guaidó.
Estados Unidos mantiene un estricto control sobre los esfuerzos que se han realizado para ayudar a los hombres.
Las autoridades negaron repetidamente el acceso de funcionarios consulares estadounidenses a los detenidos porque la Convención de Viena no obliga a Caracas a reconocer su doble nacionalidad estadounidense. Los funcionarios de Washington plantearon sus preocupaciones en notas diplomáticas y reuniones con el Ministerio de Exteriores, apuntó un funcionario estadounidense que habló de forma anónima porque no estaba autorizado a discutir el caso.
Preguntado por el caso en una entrevista con Fox Business Network el pasado 6 de febrero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, solo dijo que “allí donde haya un estadounidense detenido de forma injusta, en este caso por el abusador de Maduro, el gobierno de Estados Unidos está increíblemente centrado en obtener su liberación”-
Algunos familiares de los presos se preguntan si Washington podría estar haciendo más.
Los grupos de derechos humanos venezolanos no incluyen a los hombres entre las casi 1.000 personas consideradas presos políticos, y el silencio en torno al caso contrasta con los publicitados esfuerzos diplomáticos que el año pasado lograron la liberación de Joshua Holt, un hombre de Utah detenido durante más de dos años en una cárcel de Caracas por cargos de tenencia de armas que también eran considerados falsos. Un funcionario venezolano que atendió regularmente las quejas de Washington en el caso Holt dijo que los estadounidenses se han mantenido en gran medida en silencio en lo relativo a los empleados de Citgo. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con la prensa.
“Estamos agradecidos por la gente que sigue ayudándonos, pero no estamos convencidos de que el gobierno de Estados Unidos esté teniendo a estos estadounidenses en cuenta al formular políticas hacia Venezuela”, manifestó Veronica Vadell.
Para María Elena Cárdenas, el tiempo se acaba.
Su hijo Sergio, de 18 años, sufre una rara enfermedad metabólica que ha atrofiado su crecimiento físico. Desde la detención de su padre, ha sufrido ataques de pánico y grita por las noches. Recientemente, los dos viajaron a Caracas con gran riesgo para la salud de Sergio, para una visita carcelaria de dos horas para calmar los nervios del joven.
?Él no debería estar en prisión. Debería estar en casa con nosotros, su familia”, dijo el joven Cárdenas con la voz quebrada por la emoción. “Es la persona más valiente que he conocido nunca. Es el mejor padre del mundo”.
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