Cuando se dice que todas las opciones están sobre la mesa, es obvio que las prioritarias son aquellas que nos alejan de mas dolor y sufrimiento. Por sentido común, nadie puede desear una guerra. Todos sabemos que la violencia favorece al régimen que siempre la ha promovido.
Desde la Asamblea Nacional, bajo el liderazgo de Juan Guaidó, además del canal humanitario para enfrentar la emergencia económica y social, se está impulsando la apertura de la vía electoral sin presos políticos, sin inhabilitados ni exiliados, con todos los partidos legalizados, un nuevo CNE, observadores internacionales independientes y con la supervisión de la ONU y la OEA. Es decir, la realización de elecciones generales para legitimar a todos los poderes públicos y darle plena vigencia a la Constitución.
El usurpador Maduro, a pesar de saber que ya no tiene ni capacidad ni legitimidad para solucionar la grave crisis que él mismo creó, continúa siendo la piedra de tranca.
Llegó la hora de los empleados públicos. Amparados en el artículo 145 de la Carta Magna que establece que “los funcionarios y funcionarias públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”, deben liberarse del control autocrático y colocarse del lado de la Constitución, acogerse a la amnistía ofrecida por el Parlamento y no acatar las órdenes de una élite incompetente, derrochadora y corrupta que está raspando la olla para continuar saqueando el patrimonio de los venezolanos.
Igualmente, hay que recordar a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional que se trata de “una institución sin militancia política que está obligada a garantizar el mantenimiento del orden interno y que, en el cumplimiento de esas funciones, no puede estar al servicio de persona o parcialidad política alguna” (Art. 328). Por lo tanto, como dice el Presidente Guaidó, no pueden quedarse de brazos caídos permitiendo que grupos violentos, colectivos y paramilitares agredan y asesinen a los ciudadanos críticos al régimen.
En especial hacemos un llamado a los empleados del BCV y de las dependencias que gestionan las finanzas públicas. Mucha atención con la venta de oro, las transacciones con papeles o instrumentos financieros de la República y con las contrataciones a dedo y de última hora, en especial en el área de alimentos y medicamentos, de las que hablaremos en detalle pronto.
No son las sanciones ni el bloqueo las principales causas de la hiperinflación y del deterioro en todos los órdenes que sacude hoy a la nación. La falta de medicinas, alimentos y la violencia son el resultado del gran saqueo de los dineros públicos como también denunciamos en el libro con ese mismo título, en el que a través de exhaustivas entrevistas constatamos que la nación sufrió un robo de mas de 350.000 millones de dólares en medio del rotundo fracaso de un sistema anacrónico y antidemocrático.
A esto hay que sumar la invasión cubana que ha tomado por asalto a Venezuela para ponerla al servicio de la dictadura castrista convirtiéndola en su colonia, como bien lo explicó Joaquín Villalobos en su reciente columna en el diario El País de España titulada Cubanos go home.
La indignación debe seguir organizada, en la calle, pero también, sobre todo, en las instituciones del Estado. Solo así conseguiremos que, ademas del rechazo y aislamiento internacional, el usurpador de Miraflores sienta de verdad la presión del descontento popular, logrando que los oficiales institucionales de las FAN le exijan que se retire. Ojalá que también los diputados del Psuv se incorporaran a sus curules en el Parlamento – que abandonaron injustificadamente – facilitando así una ruta de transición pacífica que culmine en la realización de elecciones verdaderamente libres y democráticas.
@TablanteOficial