El doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús Ollarves conversó con lapatilla sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de allanar la inmunidad parlamentaria al presidente (E), diputado Juan Guaidó, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Constituyente cubana (ANC).
Por: Vanessa Rodríguez / Lapatilla
“Estamos en un proceso totalmente violatorio de los Derechos Humanos, del Debido Proceso y de la presunción de inocencia de Juan Guaidó, que busca subirle la temperatura a un conflicto con matices totalmente políticos, arbitrarios y subordinados a intereses inconfesables”, dijo Ollaves.
Explicó que el TSJ deformó el proceso para allanarle la inmunidad a un parlamentario. Indicó que la Constitución de la República establece términos claros: cuál es el organismo, cuál es el procedimiento, y cuáles son los medios para realizar este proceso.
Por lo que aseguró que es el Poder legislativo y no la ANC cubana la que tiene la competencia para este tipo de acciones. “El TSJ deformó el procedimiento para allanar la inmunidad a un diputado, los artículos 200 de la CRBV y 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Señalan que el levantamiento de la inmunidad le corresponde es al parlamento”.
En tal sentido, el profesor y experto en derecho detalló que la Constituyente cubana “es un parapeto institucional que ha sido utilizado por el régimen tiránico de Nicolás Maduro para aplastar la disidencia y en esta oportunidad diezmar la presunción de inocencia y violarle los Derechos a un diputado de la República”.
Destacó que el TSJ una vez más demostró que no actúa como Tribunal sino como el bufete privado de Nicolás Maduro. “En Venezuela hay una sola Constitución, en teoría, pero en la práctica no se en que parte se ha dicho que el Tribunal Supremo va a remitir el caso de Juan Guaidó o de cualquier diputado a la ANC”, agregó Ollaves a lapatilla.
“Hay un hecho concreto, Juan Guaidó es un diputado esta aforado por la inmunidad y hay un proceso claro que dice cual es el camino en buen derecho para allanarle la inmunidad a cualquier parlamentario”, agregó el abogado.
Asimismo, dijo que si el TSJ considera que hay méritos suficientes, la AN deberá decidir si autoriza o no el enjuiciamiento del diputado en cuestión. “Para dictar esa autorización, seguirá el procedimiento establecido en el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates. Es decir, nombrar una comisión especial que en un lapso de 30 días debe analizar el caso y presentar un informe al pleno del parlamento, para que en los próximos 30 días la plenaria tome la decisión definitiva y si vence el plazo la autorización se considerará rechazada”.
Ollarves también indicó que “el reglamento permite que en la misma sesión, en la cual la Asamblea conozca de la decisión del TSJ, se decida si se otorga o no la autorización, de acuerdo con ‘la gravedad del caso’. Se trata de una especie de procedimiento sumario que convierte el procedimiento judicial en un juicio político”.
Para concluir, dijo que “lamentablemente el sistema judicial venezolano carece de independencia y está sujeto a la voluntad política del oficialismo. Ni los magistrados, ni los jueces, ni los fiscales tienen, ni por asomo, la autonomía necesaria para decidir con imparcialidad”.