Dos abogados y un economista venezolanos evitaron que un grupo de estafadores se hiciera con 10.000 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos había congelado a Petróleos de Venezuela.
Por Ana María Matute / El Nacional
Norma Camero, Carlos Ramírez López y Federico Alves actuaron ante el Tribunal del Distrito Sur del estado de Florida para detener una acción que terceros interpusieron con la intención de quedarse con el dinero.
La decisión final de un largo proceso que data de 2018 fue tomada por el juez Darrin Gayle, el 8 de marzo de 2019. El tribunal determinó que las acciones interpuestas por el grupo US Pdvsa Litigation Trust para que le transfirieran el dinero congelado de la estatal petrolera venezolana debían cesar de inmediato.
El origen
El Departamento de Estado tomó la decisión, en 2017, de retener los 10.000 millones de dólares luego de un litigio que tuvo con la empresa Citgo. Este dinero quedó en Estados Unidos retenido y lo procedente es que la estatal petrolera, a través de su departamento internacional, actuara en el caso, de acuerdo con la Constitución y la Ley de hidrocarburos.
Sin embargo, en 2018 se creó US Pdvsa Litigation Trust, en la que se reúnen aproximadamente 30 personas y empresas relacionadas con el negocio petrolero. Esta firma demandó el año pasado para que le transfirieran el dinero a través del bufete de abogados Boies, Schiller, Flexner LLP y Meister Seelig, Feing LLP, con sede en Nueva York, con el argumento de que la petrolera venezolana tenía cuentas por pagar por un monto de 5.000 millones de dólares.
Los abogados y el economista alertaron en 2018 sobre la ilegalidad de que un grupo de empresas se adjudique los derechos de la estatal petrolera para reclamar fondos embargados, e instaron a la Asamblea Nacional a formar parte del juicio e impedir un hecho ilícito. “Nosotros explicamos que una medida de este tipo requiere de la previa aprobación de la Asamblea Nacional y esto no ha ocurrido, por lo que el hecho de que US Pdvsa Litigation Trust actúe ante un tribunal es violatorio de la Constitución”, explicó Ramírez López.
El argumento de Camero y Ramírez López es que se trata de una firma privada que pretende hacerse de dineros públicos que pertenecen a todos los venezolanos. Y fue este razonamiento el que llevó al juez Gayle a rechazar el caso.
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