El premio Ortega y Gasset en la categoría de Mejor cobertura multimedia ha sido para La Generación del hambre, un reportaje coordinado por Johanna Osorio Herrera y publicado en el medio venezolano El Pitazo en colaboración con la plataforma Connectas. Catorce periodistas han investigado durante ocho meses las consecuencias de las políticas económicas del régimen de Nicolás Maduro en la salud de un grupo de niños.
“Es durante los primeros cinco años de vida cuando una alimentación adecuada es más importante, y el resultado es entristecedor: ocho niños cuyo futuro parece marcado antes de tiempo por daños irreversibles, y uno que no pudo sobrevivir”, narran en la presentación de su trabajo.
Nacieron en el 2013, cuando la crisis alimentaria se agravó en Venezuela. Tienen 5 años, están desnutridos, y el daño provocado a su salud es irreparable. El Pitazo en alianza con CONNECTAS recorrió ocho ciudades y, con ellas, ocho realidades distintas. Estas son las historias de los niños que crecen en desventaja por nacer en medio de la emergencia humanitaria que vive el país.
Una investigación de Johanna Osorio Herrera / Armando Altuve, María Vallejo, Sheyla Urdaneta, Jesymar Añez, Liz Gascón, Mariangel Moro, Rosanna Batistelli, equipo de corresponsales de El Pitazo, en alianza con CONNECTAS.
A Juan Luis se le pueden contar los huesos sobre la piel: está desnutrido. Su diagnóstico lo determinaron los especialistas del Hospital Materno Infantil de Tucupita, en Delta Amacuro —estado con una de las mayores poblaciones indígenas del país— donde estuvo internado en agosto de 2018 por diarrea crónica. Es posible que no sea la única vez que esté hospitalizado durante el resto de su vida. Las secuelas del hambre antes de los cinco años, su edad, son irreversibles. En su adultez, Juan Luis será más propenso que otros hombres a padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes; también a rendir menos laboralmente, o tener deficiencias intelectuales, todo como consecuencia del hambre que hoy padece.
Desde la concepción hasta los cinco años, especialmente los primeros 1000 días, cumplidos después de los dos años y medio de vida, se desarrolla 75 por ciento o más del tejido cerebral y su constitución. El esquema neuronal, que permite al ser humano percibir su entorno: ver, oler, escuchar y reaccionar ante los estímulos, queda definido en esta etapa: la primera infancia, de acuerdo con organismos internacionales vinculados al cuidado de la niñez, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El crecimiento de Juan Luis depende de lo que coma. Si se alimenta bien, su circuito neuronal será favorable para su adultez. Si no lo hace, el daño provocado a su cuerpo y su cerebro será irreparable.
Juan Luis no come bien, aunque su mamá intente remediarlo. No puede porque su familia es pobre, como 87 por ciento de las familias venezolanas, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2017, realizada por universidades y organizaciones no gubernamentales. Su historia no es la única; se repite en muchos niños de su edad. Hasta marzo de 2018, en Venezuela, sólo 22 por ciento de los niños menores de cinco años tenían un estado de nutrición normal, según el informe Saman, de Cáritas.
Comer de forma adecuada es uno de sus principales derechos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Juan Luis debería tener siempre “acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias”. Es el Estado quien debe garantizarle el alimento, pero no lo hace. De acuerdo a Encovi 2017, en 80 por ciento de los hogares venezolanos hay hambre (término que engloba la desnutrición en todas sus fases), o inseguridad alimentaria, como la denomina la FAO. Y, de acuerdo a lo que sugiere la FAO, esto confirma la emergencia humanitaria, alcanzada cuando un país “en un determinado año no puede colmar con sus propios recursos el déficit de alimentos provocado por un desastre y necesita, por tanto, ayuda alimentaria externa”.
En Venezuela, la desnutrición infantil es la prueba de la emergencia, específicamente, la desnutrición aguda global en niños menores de cinco años, como Juan Luis, nacido en 2013, año que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) si 10 por ciento de los niños (menores de cinco) de un país padecen desnutrición —porque no han tenido una cantidad suficiente de alimentos y los que ha ingerido no tenía los nutrientes necesarios—, se deben activar protocolos de atención para crisis humanitaria. Rebasar el umbral de 15 por ciento indica una situación de emergencia de salud pública de carácter humanitario. En Venezuela, la desnutrición aguda global en niños de esta edad alcanzó 10 por ciento en enero de 2017, y superó el umbral de 15 por ciento entre septiembre y diciembre, cuando llegó a 16 por ciento, según estudios de Cáritas Venezuela. La cifra subió a 17 por ciento durante el primer trimestre de 2018.
Los niños con hambre en Venezuela contrastan con el Plan de la Patria —la carta estratégica presentada por Chávez para su reelección y retomada por Maduro— que establece como uno de sus objetivos generales “lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación”, y como meta estratégica “asegurar la alimentación saludable de la población, con especial atención en la primera infancia”. Las cifras revelan una realidad que el gobierno se esfuerza en negar: en Venezuela, desde septiembre de 2017, existe una emergencia humanitaria, que podría mejorar si se acepta ayuda alimentaria externa. Tiene su origen en las erradas políticas socioeconómicas tomadas desde hace 15 años por Hugo Chávez, y perpetuadas por su sucesor Nicolás Maduro, provocando una profundización de la desnutrición desde el 2013.
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